Isapres: Congreso evalúa proyecto para abordar crisis e iniciar tramite en marzo

Isapres: Congreso evalúa proyecto para abordar crisis e iniciar tramite en marzo

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A una semana de que las isapres congelaran la mesa de diálogo con el Ministerio de Salud, hoy los parlamentarios de las comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado llegaron a las dependencias de la cartera para abordar las posibles salidas a la crisis que viven las prestadoras privadas. También acudió el director de Fonasa, Camilo Cid, y el superintendente de Salud, Víctor Torres (DC).

Así entonces, conforme con fuentes que acudieron a la reunión, desde el Partido Republicano al Partido Comunista hubo un acuerdo transversal de que no haya un «salvataje» del Estado al negocio de las isapres.

Así lo expresó el senador Juan Luis Castro (PS): «Nunca esa solución va a ser con aumento del gasto fiscal. No va a haber subsidios desde el Estado a las Isapres, no va a haber aumento del gasto fiscal para hacer salvataje a las isapres. Es un cambio de reglas, pero lo que va a ocurrir no es un traspaso de dinero».

Sin embargo, algunos aseguran que eso no es lo que piden las prestadoras, sino que tener las reglas del juego claras, entre las cuales estaría saber cuánta plata exactamente deben a sus afiliados y cómo y en cuánto tiempo la deberán devolver, considerando el fallo de Tabla de Factores de la Corte Suprema.

En ese sentido, transversalmente calificaron de «prudente» la actitud que ha tenido el superintendente, quien se encuentra recopilando información para tener ese dato, pero además analizando las distintas posibilidades de pago. Hasta mayo tiene para determinar cómo se cumplirá el dictamen del Máximo Tribunal.

En ese sentido, Flores explicó que «eso no significa que tengan las isapres que pagar el 1 de junio, sino tener la cancha rayada sobre cuánto y cómo se va a devolver y en qué plazo«. Respecto a las soluciones que se barajan, los parlamentarios revelaron la postura del Gobierno de no dejar caer el sistema de prestación privada.

Así lo expresó el diputado republicano, Agustín Romero. «Quiero destacar la valentía de la ministra (Ximena Aguilera) que para ella no creo que haya sido fácil pararse frente a parlamentarios de su mismo sector a decirles que la opinión del Ministerio de Salud no es hacer quebrar las isapres, que era mi preocupación».

Asimismo, lo destacó el senador Felipe Kast (Evópoli), quien comentó que «el gobierno hoy día, afortunadamente, a diferencia de lo que fue la semana pasada, asumió que tenía un rol que jugar y que, de no hacerlo, podía generar un colapso importante en el sistema, tanto privado como público».

Por lo tanto, reveló que «acordamos realizar una mesa de trabajo con los distintos actores, donde de aquí a las próximas semanas pudiéramos elaborar un proyecto de ley que nos permita avanzar en evitar el colapso del sistema de isapres. Esperamos que el Gobierno cumpla con esta promesa que nos ha hecho hoy, de asumir ese liderazgo».

Este proyecto tendría un trabajo prelegislativo en febrero, e ingresaría a principios de marzo. Para algunos, esto debiera dar pie para fortalecer y modernizar Fonasa, y así comenzar con la reforma de salud que es parte del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Aunque esta idea no agrada a la oposición.

«Son dos temas distintos, uno es el tema de la agenda del gobierno que tiene en materia de Fonasa, y esa es una dimensión de los intereses que tiene el gobierno. Y otra dimensión es cómo nos aseguramos de que las isapres efectivamente sean sustentables y no que sigan con esta realidad donde es inminente la posible quiebra de varias de ellas producto de que sus ingresos son inferiores a sus gastos», dijo Kast.

Sin embargo, esto también es algo que baraja el Minsal, y que reveló el senador Castro. «Tiene que haber modificaciones legales: Tener un Fonasa que tenga poder para poder comprar seguros complementarios y además intervenir el precio base, que es lo que ha dicho la Corte Suprema. Estos dos criterios van de la mano. En el futuro tiene que haber reforma de salud».

Con todo, los parlamentarios y el Ministerio de Salud acuerdan en salvaguardar la salud de los más de 3 millones de afiliados que tienen las prestadoras privadas, y así también no colapsar el sistema público que no tiene capacidad para absorber esa cantidad de personas. (Emol)