El Ministerio Público ha iniciado una investigación penal tras denuncias de intrusiones informáticas contra empresas estratégicas de telecomunicaciones y una constructora local. Las diligencias, lideradas por el fiscal Xavier Armendáriz, surgen luego de que informes de inteligencia de Estados Unidos alertaran sobre movimientos maliciosos que pondrían en riesgo la privacidad de millones de usuarios chilenos.
Expertos advierten que los niveles de ciberseguridad en el país son deficientes frente a amenazas internacionales sofisticadas. Chile se posiciona entre las naciones más atacadas de la región, registrando miles de equipos comprometidos durante el último año, especialmente en sectores críticos como salud, energía y servicios esenciales, que carecen de normativas sectoriales obligatorias.
EL FACTOR DEL CABLE EXPRESO
La controversia se agudiza por el proyecto de fibra óptica Chile-China Express, cuya concesión ha generado reparos en materia de soberanía digital. El control técnico de esta infraestructura por parte de actores extranjeros permitiría la interceptación de comunicaciones sensibles y la manipulación de datos, dada la legislación de inteligencia del país de origen de la operadora.
Para mitigar estos riesgos, especialistas sugieren exigir certificaciones de seguridad rigurosas en las licitaciones de infraestructura crítica. Asimismo, se propone fortalecer las atribuciones de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y establecer auditorías independientes sobre las estaciones de amarre, asegurando que el monitoreo del tráfico no dependa exclusivamente de empresas externas.
A ello se suman “fortalecer capacidades nacionales en OT (tecnología de operaciones) e IA defensiva, siguiendo ejemplos donde agentes autónomos han evitado incidentes graves en infraestructura esencial”. además de “exigir transparencia contractual completa (propiedad, financiamiento, obligaciones legales del operador)”. (NP-Gemini-Emol)