El proyecto que crea un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades enfrenta dificultades en su tramitación legislativa, pese a que el Gobierno renovó su suma urgencia y presentó modificaciones destinadas a responder a los cuestionamientos que ha recibido la iniciativa.

La propuesta fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast como una de las principales medidas de su administración en materia de orden público y fue firmada la misma noche del 1 de junio, después de ser presentada durante la Cuenta Pública ante el Congreso.

En el oficialismo generó sorpresa que el proyecto no fuera incorporado a la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT), paquete que contempla actualmente 23 iniciativas y que incluye medidas relacionadas tanto con delitos graves como con otras conductas vinculadas al orden público.

Entre estas últimas figuran propuestas sobre barricadas, insultos contra funcionarios policiales, utilización de capuchas y medidas relacionadas con la carrera de Carabineros.

Durante la discusión desarrollada en la Comisión de Seguridad de la Cámara quedó además establecido que el Ministerio de Seguridad no será la cartera encargada de conducir legislativamente el proyecto del Registro de Vándalos e Incivilidades.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que la iniciativa se encuentra bajo responsabilidad del Ministerio del Interior y que su cartera solamente ha entregado opiniones cuando estas han sido requeridas.

Arrau sostuvo que la intensa agenda legislativa de Seguridad obliga a distribuir las tareas y señaló que el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, se encuentra gestionando una parte importante de los proyectos de su cartera.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Cristián Araya, respaldó esa explicación y confirmó que la conducción de la iniciativa corresponde al Ministerio del Interior.

Precisamente por esa razón, la comisión había invitado al ministro del Interior, Claudio Alvarado, para exponer sobre el proyecto, pero el secretario de Estado no pudo concurrir debido a otros compromisos.

Cristián Araya cuestionó además a los parlamentarios de oposición por no entregar la unanimidad necesaria para que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, pudiera participar en reemplazo del ministro y defender las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.

La ausencia de representantes gubernamentales impidió que el Ejecutivo expusiera directamente los fundamentos de las nuevas indicaciones, presentadas con el objetivo de responder a las críticas formuladas por juristas, especialistas y parlamentarios, incluidas algunas voces del propio oficialismo.

Pese a ello, la Comisión de Seguridad inició la votación del articulado y aprobó por mayoría una de las principales modificaciones impulsadas por el Gobierno: reemplazar el diseño original por dos registros diferentes, uno destinado a actos vandálicos y otro a incivilidades.

La propuesta establece que ambos registros tendrán carácter público, electrónico y nacional. Cristián Araya sostuvo que las modificaciones introducidas han permitido mejorar sustancialmente el proyecto.

Desde la oposición, en cambio, parlamentarios interpretaron la ausencia de ministros y la exclusión de la iniciativa de la ACOT como señales de un menor respaldo político por parte del Ejecutivo.

El diputado Jaime Araya, independiente PPD, acusó al Gobierno de abandonar uno de los principales anuncios del Presidente Kast y sostuvo que la iniciativa enfrenta problemas jurídicos que dificultan su defensa en el Congreso.

Tatiana Urrutia, del Frente Amplio, cuestionó la conducción legislativa del proyecto y afirmó que las observaciones formuladas por 17 instituciones y especialistas que participaron en su discusión no habrían sido respondidas adecuadamente.

Una crítica similar formuló el diputado socialista Raúl Leiva, quien sostuvo que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo modifican aspectos centrales de la propuesta original.

El Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades fue presentado inicialmente por Kast como una herramienta destinada a enfrentar conductas que, según argumentó al anunciar la iniciativa, afectan la convivencia en los barrios, el patrimonio y la infraestructura pública.

El diseño original contemplaba que las personas incorporadas al registro pudieran perder el acceso a determinados beneficios sociales, entre ellos la gratuidad en educación superior, la Pensión Garantizada Universal (PGU) o el Subsidio de Arriendo.

Entre los delitos considerados para el registro de actos vandálicos figuraban atentados contra Carabineros y trabajadores de la salud, interrupciones del transporte público, tráfico de drogas y daños contra monumentos nacionales.

En el apartado correspondiente a incivilidades se contemplaban conductas como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en espacios públicos, rayados no autorizados en propiedades públicas o privadas y la destrucción de equipamiento comunitario.

Pese a los cuestionamientos y al cambio en la cartera encargada de su conducción legislativa, desde La Moneda sostienen que la iniciativa continúa siendo un proyecto del Gobierno.

Como señal de esa decisión, el Ejecutivo renovó la suma urgencia de la propuesta, mecanismo con el que busca mantener su avance legislativo y conseguir que sea despachada por la Cámara de Diputadas y Diputados, eventualmente durante la próxima semana. (NP-ChatGPT-La Tercera)