En nuestra condición de exalcaldes de Santiago, y ante la extrema gravedad de los hechos que afectan al Instituto Nacional, “Primer Foco de Luz de la Nación”, estimamos un deber cívico emplazar respetuosamente a las más altas autoridades del país a adoptar medidas urgentes y eficaces para poner término al proceso de degradación, violencia e impunidad que amenaza con destruir el principal establecimiento formador de jóvenes de Chile.
Las imágenes que el país entero ha presenciado durante el último tiempo —alumnos fabricando bombas incendiarias en el patio del establecimiento para luego lanzarlas contra la vía pública y las fuerzas de orden, ante la presencia de estudiantes, profesores y funcionarios— constituyen una prueba irrefutable del colapso de la autoridad y de la profunda crisis que vive el Instituto Nacional.
Fundado el 10 de agosto de 1813 por iniciativa del prócer don José Miguel Carrera, el Instituto Nacional ha sido cuna de 17 Presidentes de la República, de numerosos premios nacionales, y de destacados servidores públicos y profesionales que han contribuido decisivamente al desarrollo de Chile. Durante décadas fue el mayor símbolo de excelencia académica y movilidad social; hace pocos años registraba más de 30 postulantes por cada vacante, mientras que hoy muchas de ellas ni siquiera logran ocuparse. De ser el principal aportante de los máximos puntajes nacionales que postulaban a universidades, hoy en día no se registra ninguno.
Es moralmente inaceptable que este emblema de la educación pública haya sido convertido en un bastión de violencia organizada, cuya influencia ha terminado por extenderse a otros liceos emblemáticos. Los Poderes del Estado no pueden seguir contemplando pasivamente esta realidad, como tampoco resulta aceptable la manifiesta incapacidad con que la dirección del establecimiento y el Servicio Local de Educación Pública han enfrentado esta crisis.
Nuestro llamado se dirige también a exalumnos, padres y apoderados, profesores, funcionarios y estudiantes. Ha llegado la hora de aplicar, con pleno respeto al debido proceso, todo el rigor de la ley: expulsar o suspender a quienes participen en hechos de violencia, sancionar a los adultos involucrados, detener a quienes ocultan su identidad bajo overoles blancos para atacar a Carabineros e identificar a quienes organizan, financian o inducen estos actos.
Es evidente que estos hechos exceden cualquier legítima movilización estudiantil y responden a la acción de adultos que instrumentalizan a menores de edad para fines completamente ajenos a la comunidad escolar.
Las autoridades tienen el deber ineludible de esclarecer estas responsabilidades, restablecer el Estado de Derecho al interior del Instituto Nacional, proteger a su comunidad educativa y rescatar, antes de que sea demasiado tarde, una institución que pertenece al patrimonio histórico y educacional de Chile. (El Mercurio Cartas)
María Eugenia Oyarzún; Patricio Guzmán; Carlos Bombal; Máximo Honorato; Jaime Ravinet; Joaquín Lavín; Raúl Alcaíno; Pablo Zalaquett; Felipe Alessandri
Exalcaldes de Santiago