Tanto la Cámara de Diputadas y Diputados como la mesa del Senado, anunciaron este sábado investigaciones por posible uso de licencias médicas por funcionarios del Parlamento, con el objetivo de identificar eventuales irregularidades, en particular aquellas vinculadas a viajes realizados durante el periodo de reposo laboral.
La medida surge a raíz de los recientes hallazgos revelados por la Contraloría General de la República, respecto al uso indebido de licencias médicas por parte de empleados públicos.
En el caso de la mesa de la Cámara Alta, integrada por su presidente Manuel José Ossandón (RN) y el vicepresidente Ricardo Lagos Weber (PPD), pedirá iniciar una revisión exhaustiva de los antecedentes relacionados con este asunto.
De este modo, se propuso pedir formalmente a la Policía de Investigaciones (PDI) replicar la metodología de cruce de datos aplicada por el organismo contralor, con el fin de identificar casos similares en el Senado.
“Nos tomamos este tema con la máxima seriedad. Si existen funcionarios que usaron licencias médicas de forma fraudulenta para viajar al extranjero, vamos a actuar con firmeza porque entendemos que es una conducta ilegal y que no corresponde a la responsabilidad unidad que un funcionario público tiene con el país”, señaló Ossandón.
Dicha revisión abarcará los años 2023 y 2024, siguiendo el mismo criterio temporal utilizado por la Contraloría. En caso de detectarse irregularidades, se instruirán los sumarios administrativos correspondientes y se evaluarán eventuales acciones legales.
“No se trata solo de proteger recursos públicos, sino de cuidar la dignidad del servicio público. El que hace trampa, tiene que asumir las consecuencias”, agregó el vicepresidente Lagos Weber.
En este sentido, desde la mesa del Senado manifestaron “su compromiso con la probidad, la transparencia y el correcto funcionamiento de la administración pública”, y llamaron a todas las instituciones del Estado a “actuar con la misma rigurosidad frente a hechos que dañan la confianza ciudadana”.
Ambos representantes de la Cámara Alta deberán reunirse ahora con la comisión de Régimen Interno del Senado y el Secretario General para dar inicio a las respectivas investigaciones.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, José Miguel Castro (RN), adelantó que “ya se encuentra en curso la realización de una investigación interna para determinar si existen funcionarios que, estando con licencia médica, hayan salido del país”.
“Es fundamental esclarecer cualquier posible irregularidad, porque la transparencia y la probidad no solo deben exigirse hacia afuera, sino también partir desde el interior del Congreso. Tenemos el deber de garantizar que los recursos públicos se usen correctamente y de fomentar una cultura de responsabilidad en el servicio público”, puntualizó.
FISCALÍA NACIONAL
La revisión del organismo encabezado por la contralora Dorothy Pérez no incluyó -según lo establece la ley- el análisis de entidades autónomos o pertenecientes a otras ramas del Estado, como es el caso del Poder Judicial o el Ministerio Público.
Sin embargo, y dado la compleja situación que develó el ente fiscalizador, estas instituciones también se han plegado a dicha revisión. Así ocurrirá con el Ministerio Público, ya que según pudo conocer este medio también realizará su propia pesquisa interna con el fin de determinar si la situación dada a conocer por Contraloría se replicó entre funcionarios del ente persecutor.
Según fuentes de La Tercera, aquello se determinó este viernes, día en el que el fiscal Nacional, Ángel Valencia, instruyó que se realice una indagatoria al interior del Ministerio Público y se determine si es que funcionarios, ya sean fiscales o administrativos de la Fiscalía, salieron del país estando con licencia médica.
Si bien la decisión de Valencia fue confirmada desde la Fiscalía Nacional, hasta ahora no se conocen mayores detalles respecto a los términos que esta contempla, ya sea el método con el que se realizará o los periodos a revisar.
LA CORTE SUPREMA
También este viernes, la Corte Suprema ordenó una revisión propia en miras de poder determinar si es que funcionarios del Poder Judicial incurrieron en las mismas prácticas.
En ese caso, el pleno instruyó que la unidad de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del organismo realizara un catastro de las licencias médicas de sus funcionarios, entre ellos los jueces, de los últimos cinco años. Aquello con el fin de poder requerir las bases de datos y poder determinar si es que existen casos de personas que salieron del país con licencia médica.
En el caso de Contraloría, el análisis contempló los años 2023 y 2024, revisando más de cinco millones de licencias médicas de funcionarios de reparticiones públicas. Dicha información fue comparada con las más de un millón de salidas del país de trabajadores estatales con información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), la que lleva el control fronterizo.
Cotejada dicha información con el detalle de las licencias entregada por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y se pudo determinar que 25.078 funcionarios públicos, de 788 instituciones, habrían salido del país en medio de su reposo médico. Incluso, se pudo conocer que 125 trabajadores estatales registraron entre 16 y 30 salidas del territorio nacional, mientras que otros 51 más de 31. (La Tercera)
