El 4 de septiembre de 2022 fue un día importante para nuestro país, y con la perspectiva del tiempo, su importancia probablemente no hará sino crecer. Ese día, una amplia mayoría de chilenos rechazamos la refundación institucional de Chile: dijimos no al Estado plurinacional; a la eliminación del Senado; a tener sistemas de justicia diferenciados entre chilenos; a los escaños reservados en elecciones representativas.
En definitiva, le dijimos no a un intento oportunista por desmantelar 200 años de historia, a través de un proceso cuyo origen se remonta a un intento por derribar a un gobierno democráticamente elegido, que debió remover a varios ministros, luego tuvo que abandonar su programa, y finalmente entregó la Constitución, sometiéndose a un parlamentarismo de facto el resto de su mandato.
Aunque la propuesta constitucional afortunadamente no prosperó, durante los meses en que se debatió generó una profunda incertidumbre institucional y económica. El texto intervenía aspectos fundamentales de la regulación económica: los derechos de agua, las licencias pesqueras, el estándar de consulta indígena —reemplazado por el consentimiento—, y la creación de autonomías territoriales indígenas con efectos sobre predios agrícolas, forestales y mineros. En el fondo, la propuesta desafiaba frontalmente el derecho de propiedad, pilar esencial del modelo de economía social de mercado vigente en nuestro país.
Ese desafío —algunos dirán ataque directo— a la institucionalidad económica de los últimos 35 años representaba en su momento, y sigue representando al día de hoy, el modelo de sociedad colectivista de quienes impulsaron dicha propuesta y que incluye no solo a la izquierda más radical, sino también a amplios sectores del llamado Socialismo Democrático, que sucumbió al encanto revolucionario del momento, y que todavía parece no haberse recuperado completamente de su encanto.
Con todo, a pesar del rechazo a la propuesta constitucional, el gobierno anterior impulsó con éxito varios cambios legislativos que remecieron el derecho de propiedad en diversos sectores de la economía —pensiones, seguros de vida, infraestructura, pesqueras, salud privada, entre otros— y donde quienes se han visto afectados han respondido recurriendo a arbitrajes e impulsando demandas en tribunales internacionales, aumentando los pasivos contingentes del Estado.
De cierta forma, el gobierno anterior intentó llevar adelante, como pudo, un anhelo de décadas de ciertos sectores de la oposición, el cual es el cambio de modelo económico, desde una economía social de mercado hacia un modelo de corte más colectivista, en el que el Estado asume un rol protagónico en la economía y en la asignación de recursos.
En la práctica, el Chile de 2026 es distinto al de 2013. No solo porque hemos perdido competitividad y reputación de país estable, sino porque además los inversionistas son racionales y entienden que en cuatro u ocho años más, Chile podría volver a ser gobernado por quienes promueven el “decrecimiento” o la idea de “meterle inestabilidad al país”, como herramienta desestabilizadora para cambiar el modelo.
En conclusión, “Chile cambió”, y los inversionistas lo saben. Solo como un ejemplo, el año 2012 Chile ostentaba el puesto número 7 en el índice de libertad económica del Instituto Fraser de Canadá; hoy tenemos el 39. Esto no significa que no existan buenas posibilidades de invertir en Chile, pues incluso en países con peor inestabilidad política y económica existen posibilidades de inversión para inversionistas con alto apetito por riesgo. El tema es otro, el tema es que ahora el retorno exigido por el inversionista es mayor, lo cual deja muchos proyectos que antes pudiesen haber sido atractivos sin realizarse.
Es decir, cae la inversión y consecuentemente afecta el crecimiento. De ahí la importancia de la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión de largo plazo. Esta garantía forma parte del proceso de reconstrucción económica e institucional que el país requiere. Por sí sola no es suficiente, pero integra un conjunto más amplio de medidas orientadas a restablecer los incentivos para invertir y crecer, condición necesaria para sostener en el tiempo los beneficios sociales comprometidos.
Afortunadamente, hoy existe un súbito interés por temas económico-institucionales por parte de la oposición. Ahora les preocupa el déficit fiscal y la regla del superávit estructural, también están muy preocupados por acelerar los resultados en seguridad y en crecimiento, temas que son claves en el desarrollo del largo plazo de la economía. Con esa misma mirada, entonces, es posible que sectores moderados de la oposición, después de una reflexión más profunda respecto de qué le conviene al país, pudieran darse cuenta de la importancia de la invariabilidad tributaria para los inversionistas de largo plazo en este “nuevo Chile” que tenemos. (El Mercurio)
Claudio Bonilla
Profesor titular FEN, U. de Chile