La inmobiliaria Eurocorp, a través de su sociedad Eurocorp Dos S.A., presentó el pasado 11 de septiembre una demanda por falta de servicio contra la Municipalidad de Estación Central ante el 12º Juzgado Civil de Santiago, en la que exige una indemnización de 430.224,8 unidades de fomento (UF), equivalentes a poco más de $17 mil millones. La acción judicial se originó en la invalidación de permisos de edificación otorgados por el propio municipio para desarrollar dos proyectos inmobiliarios en la comuna.

El conflicto se remonta a 2015, cuando la empresa consultó a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Estación Central sobre las condiciones urbanísticas aplicables a dos terrenos ubicados en calle Constantino N° 59 y N° 105, específicamente respecto de la posibilidad de construir bajo el sistema de agrupamiento continuo.

Según los antecedentes expuestos en la demanda, la repartición municipal informó que esa modalidad de edificación estaba permitida y posteriormente aprobó los anteproyectos presentados por la inmobiliaria.

Sobre la base de esas autorizaciones, Eurocorp adquirió ambos terrenos en 2016 por un total de 119.310,8 UF y continuó la tramitación de los permisos necesarios para ejecutar las obras.

Sin embargo, la interpretación de la normativa urbanística que había aplicado la municipalidad fue posteriormente cuestionada, lo que derivó en la invalidación de los permisos de edificación y, según la empresa, en la imposibilidad económica de desarrollar los proyectos en las condiciones originalmente previstas.

En su presentación judicial, Eurocorp sostiene que las decisiones de inversión fueron adoptadas a partir de información entregada por el organismo competente para determinar las condiciones de construcción en la comuna.

“La posibilidad de desarrollar ambos terrenos bajo un sistema de agrupamiento continuo no provenía, entonces, de una interpretación de Eurocorp ni de una lectura de la normativa urbanística que mi representada hubiese decidido asumir bajo su propio riesgo”, señala la demanda.

El escrito agrega que fue la propia Dirección de Obras Municipales la que informó expresamente que la edificación continua estaba permitida en los terrenos, aprobó los anteproyectos y posteriormente concedió las autorizaciones correspondientes.

Uno de los antecedentes relevantes del conflicto se produjo el 16 de mayo de 2016, cuando la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo emitió la Circular N° 203, conocida como DDU 313.

El documento estableció que, en sectores donde el instrumento de planificación territorial no contemplara una altura máxima de construcción, no correspondía autorizar edificaciones mediante el sistema de agrupamiento continuo.

Ese criterio difería de la interpretación que había utilizado hasta entonces la Dirección de Obras Municipales de Estación Central.

Eurocorp argumenta que, cuando se emitió la circular, ya contaba con los anteproyectos aprobados y había desembolsado los recursos necesarios para adquirir los inmuebles.

“Los inmuebles habían sido adquiridos y la inversión se había materializado sobre la base de las condiciones urbanísticas previamente informadas y aprobadas por la propia Municipalidad”, indica la presentación.

Posteriormente, el 10 de diciembre de 2018, la Dirección de Obras Municipales dispuso iniciar procedimientos administrativos destinados a invalidar los permisos de edificación que había otorgado.

La inmobiliaria impugnó judicialmente esas decisiones, dando origen a una controversia que llegó hasta la Corte Suprema.

El máximo tribunal resolvió el caso mediante una sentencia definitiva dictada el 14 de octubre de 2022, en la que confirmó lo decidido por la Corte de Apelaciones de Santiago y estableció que la invalidación de los permisos había sido correcta, debido a que fueron otorgados en contravención de la normativa urbanística aplicable.

A partir de esa resolución, Eurocorp sostiene que la municipalidad incurrió en una actuación irregular al autorizar inicialmente proyectos que no cumplían las disposiciones vigentes.

La empresa argumenta que, aunque la invalidación permitió corregir las autorizaciones contrarias a derecho, esa medida no eliminó los perjuicios económicos que, según afirma, se produjeron como consecuencia de las decisiones anteriores del municipio.

“Para cuando la Municipalidad corrigió su actuación irregular, Eurocorp ya había adquirido los terrenos, comprometido cuantiosos recursos y estructurado dos proyectos cuya ejecución se tornó económicamente inviable, sufriendo perjuicios que ascienden a 430.224,8 UF”, señala el escrito.

La demandante sostiene, además, que no corresponde atribuirle las consecuencias económicas de autorizaciones que fueron examinadas y concedidas por el organismo público responsable de aplicar la regulación urbanística.

“No resulta jurídicamente admisible trasladar esas consecuencias a quien sometió sus proyectos al examen del órgano competente y adoptó sus decisiones de inversión sobre la base de aquello que ese órgano informó, aprobó y finalmente autorizó”, plantea la inmobiliaria.

En esa línea, la compañía argumenta que actuó confiando en los pronunciamientos oficiales de la Dirección de Obras Municipales y que no tenía antecedentes para anticipar que el criterio aplicado por esa repartición sería posteriormente considerado contrario a la normativa.

La demanda por falta de servicio busca establecer la eventual responsabilidad patrimonial de la Municipalidad de Estación Central por los perjuicios que Eurocorp atribuye a su actuación administrativa. La indemnización solicitada corresponde a la valoración presentada por la empresa y deberá ser examinada durante el proceso judicial.

Hasta el cierre de la información original, la Municipalidad de Estación Central no había respondido las consultas formuladas respecto de la acción judicial. (NP-ChatGPT-La Tercera)