La Inmobiliaria Las Salinas, perteneciente al Grupo Angelini, escaló su conflicto con la Municipalidad de Viña del Mar al presentar una demanda ante la justicia civil. La acción busca revocar el decreto alcaldicio firmado por la jefa comunal, Macarena Ripamonti, que ordena la demolición de las instalaciones de faena y la paralización del proyecto de saneamiento ambiental iniciado en septiembre de 2024.
La compañía argumenta que la medida es «infundada y arbitraria», señalando que las obras cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable y que el objetivo exclusivo es remediar suelos contaminados por décadas de actividad industrial. El municipio, por su parte, sostiene que las construcciones infringen la Ley General de Urbanismo y Construcciones al no contar con los permisos vigentes, luego de que se rechazara la renovación de las autorizaciones provisorias.
DEBATE POR «PERMISOLOGÍA» E INTENCIONALIDAD POLÍTICA
El caso ha generado una ola de reacciones en el mundo gremial y político. Mientras gremios como la Cámara de la Construcción y la Cámara Regional de Comercio abogan por destrabar el proyecto para fomentar la inversión y recuperar el pasivo ambiental, sectores políticos acusan un sesgo ideológico. El diputado y senador electo, Andrés Longton (RN), afirmó que existe una «persecución» que busca deliberadamente que el proyecto no avance mediante la biorremediación.
En contraste, voces como la de Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, defienden la postura de la Dirección de Obras Municipales (DOM), precisando que si bien existe un fallo favorable para remediar, esto no faculta a la empresa para edificar sin las autorizaciones urbanísticas correspondientes. El conflicto queda ahora en manos del Juzgado de Letras en lo Civil, mientras el terreno permanece en el centro de una de las disputas ambientales más emblemáticas de la Quinta Región.(NP-Gemini-La Tercera)
