El Gobierno ingresó un paquete de indicaciones al proyecto que crea las Reglas de Uso de la Fuerza, el cual busca simplificar la instrucción con rango legal y diferenciar las RUF entre efectivos militares y policía civil.
Sin embargo, una de las indicaciones causó polémica respecto a que las RUF pidan consideraciones especiales para migrantes, personas de pueblos originarios y disidencias sexuales.
La indicación señala que “los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores”.
Desde la oposición acusaron “fanatismo ideológico”, señalando que este tipo de indicaciones entrampan las negociaciones.
El presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN) planteó que esta es “una señal del Gobierno que piensa primero en lo identitario, en lo ideológico, afectando un principio básico en nuestro país que es la igualdad ante la ley“.
“Además, poniendo en riesgo a las policías, a las Fuerzas Armadas y a toda la población, dándole una señal además al Tren de Aragua, diciéndole que vengan tranquilamente a nuestro país, que los migrantes los van a tratar de forma más bondadosa, a pesar de que están cometiendo delitos”, acotó.
Para el diputado de RN es “una aberración y habla derechamente de que estas reglas del uso de fuerza, como están planteadas, no da la confianza legal y política para poder actuar“.
Desde la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo catalogó la iniciativa como un “error profundo“.
“Me parecen francamente una estupidez. En el fondo le está diciendo al crimen organizado que hoy día opera en Chile que entonces comienza a reclutar a personas con esas características. Es absurdo lo que está haciendo el Gobierno”, criticó.
Pero no solo la oposición cuestionó la indicación. El diputado Raúl Soto del PPD añadió que “me parece irrisorio, me parece absurdo“.
“Cuando estamos buscando regular cómo las policías y las Fuerzas Armadas pueden actuar para enfrentar el crimen organizado en nuestro país, se plantea que hay que tener una especial consideración por las diversidades sexuales, por las minorías, por los migrantes. Por favor, el principal problema de crimen organizado que tenemos en Chile se trata justamente de migrantes irregulares“, planteó.
REACCIÓN DEL GOBIERNO
La ministra del Interior, Carolina Tohá, salió al paso ante los reparos -tanto de oficialismo como de oposición- por las nuevas indicaciones al proyecto de ley que definen las reglas del uso de la fuerza por parte de las policías y Fuerzas Armadas.
De forma transversal, los parlamentarios criticaron la propuesta del Gobierno que plantea aplicar las reglas de manera diferenciada en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores.
No obstante, según explicó la jefa de gabinete «todo lo que contiene las indicaciones ya lo contenía el proyecto original. Lo único que cambió es que este contenido cambió del artículo 14 al artículo 11, con la misma palabra y el mismo texto. Aquí no hay novedad alguna en las indicaciones».
Además, señaló que las indicaciones fueron enviadas a los parlamentarios de las distintas bancadas y no se hizo ninguna observación sobre el tema.
«A lo que hace referencia este contenido no es que hayan reglas del uso de la fuerza distintas, la ley es la misma para todos. Lo que dice es que el reglamento debe tener en consideración la situación de grupos vulnerables para pensar un uso diferenciado de la fuerza respecto de ellos», señaló Tohá.
En esa línea, dijo que el uso diferenciado de la fuerza de aplica en el segundo paso que guarda relación con el uso disuasivo de la comunicación. A juicio de la ministra del Interior este «no puede ser igual para niños que para adultos, no puede ser igual para personas que hablan nuestra lengua que las que no, y hay formas de tratar a ciertos grupos que sólo profundizan la dinámica de la violencia. Por ejemplo, clásico, a un hombre trans decirle señorita. A eso hace referencia el contenido que fue publicado hoy día, a que los reglamentos tomen en cuenta estas cosas de acuerdo a lo que los estándares internacionales proponen en todas estas materias, ni más ni menos».
En ese contexto, dijo que «esta manera de informar y esta manera de tomar la información y de reaccionar a ella y de ridiculizar además estos temas y estos grupos, creo que es algo que debiéramos desterrar, debiéramos tratar de tratar de otro modo estos temas».
CAMBIO DE POSICIÓN
La jefa de gabinete, quien había abordado ya por la mañana el tema ante los cuestionamientos, precisó sus dichos y reconoció que “es verdad que en el texto original tenía una parte (la mención a mujeres, niños y adultos mayores), pero en la indicación de agosto ya estaba todo (incluyendo migrantes e indígenas)”.
Tras escuchar los reclamos durante la sesión, Tohá dijo que nadie está obligado a votar las normas del Ejecutivo, que en ningún caso establecen un trato privilegiado, sino un trato diferenciado, que puede ser “más duro o más blando o más particular”. Incluso se abrió a modificar la propuesta. “El Ejecutivo no tendría ningún problema en buscar una solución”, aseguró.
El problema para La Moneda es que particularmente el tema de los extranjeros siembra reparos en la propia alianza gubernamental. “Tengo dudas”, dijo el diputado Leonardo Soto (PS), quien luego en las comisiones unidas matizó su postura.
Su par socialista Raúl Leiva, presidente de las comisiones unidas, también admitió que rechazaría el punto en cuestión, pero que igualmente esperaba tener un análisis más detallado de la nueva indicación. “Es un tema complejo, debatible. Sobre todo en cuáles son los grupos privilegiados. Es importante distinguir el contexto. Si se refieren a orden público o persecución criminal”, dijo Leiva, quien señaló que en caso de los migrantes estaría “absolutamente en contra”, pues deben tener el mismo tratamiento que un nacional de la República de Chile.
“No estoy para respaldar la posición de Interior respecto de reglas de uso de la fuerza con las consideraciones diferenciadas que se están planteando”, expresó el diputado Raúl Soto (PPD).
En tanto, el diputado Jaime Araya (independiente-PPD) sostuvo que aprobaría. Sin embargo, admitió que la redacción puede ser perfeccionada. “Sí comparto en que debe haber claridad, ya que algunas normas son de orden público y otras de FF.AA. Es mejorable en la tramitación legislativa”, expresó Araya. (Pauta Emol La Tercera)
