Cuando se habla de volver a crecer y de generar empleo, lo habitual es escuchar propuestas para reducir la permisología, dar más seguridad pública y reducir impuestos. Todos temas fundamentales, pero olvidamos un factor que puede ser limitante y a su vez gatillante del desarrollo: Olvidamos la infraestructura pública.
Este conjunto de obras, de fierro y cemento, que construye o promueve el Estado, mejora el día a día de miles de personas mediante la pavimentación de un camino rural, de una nueva línea de metro, o una nueva sala cuna. Pero también habilita y promueve la inversión de sectores productivos, mediante puertos, autopistas, embalses o plantas desaladoras, por ejemplo.
Históricamente, cuando Chile lo ha hecho bien, la inversión en activos de capital (formación bruta de capital fijo) alcanzó cerca del 30% del PIB, cifra que hoy ronda el 22%. Si no hay inversión en obras y maquinarias, no hay empleo en construcción y tampoco en nuevas fábricas, minas, campos o buques. Más aún, si la inversión en capital fijo sigue reduciéndose, no solo se deja de crecer, también se abandona el mantenimiento y reposición de lo ya construido.
El Estado -con los impuestos de los contribuyentes- aporta en promedio un 10% de la inversión total del país, cifra que hoy está más cerca del 7%. Aunque pueda parecer poco, es clave, porque de nada sirve producir cobre, frutas, salmones o celulosa si los puertos están colapsados para exportarlos. O de nada sirve buscar ser una potencia agroalimentaria si no tenemos capacidad hídrica dada por embalses, conducciones o desalaciones. Es un esfuerzo tan inútil como impulsar el turismo con aeropuertos colapsados, rutas secundarias deterioradas o parques que no están a la altura. En fin.
Históricamente el Estado invierte alrededor del 3% del PIB en infraestructura. Cuando esos impuestos se emplean bien, en infraestructura habilitante, actúan como inversión procíclica, movilizadora en momentos de desaceleración. Sin embargo, esa cifra ha caído y se acerca al 2% del PIB.
Aún más preocupante que esta disminución, es que según el Ministerio de Hacienda las proyecciones de Gastos Comprometidos totales en general suben un 4,2% entre 2026 y 2029, pero los Gastos en Activos No Financieros (inversión y transferencias de capital) disminuyen de 12,2 billones a 8,9 billones de pesos, una caída del 26%. Esto se debe a un fuerte aumento en el gasto público destinado a personal, programas sociales y subsidios. Pan para hoy y hambre para mañana.
Daría para otra columna el hablar de la calidad y pertinencia del gasto público en infraestructura, que muchas veces se destina a obras innecesarias, poco prioritarias o poco rentables socialmente, quedando mucho recurso en el camino y habiendo mucho espacio para gestionar mejor. No solo a nivel de Gobierno Central, sino que también desde gobiernos regionales, municipios y empresas públicas.
En una economía deprimida, con escasez fiscal y alto desempleo, Chile no necesita inventar la rueda, debe aprender de lo que hizo bien. Es necesario habilitar y estimular la inversión privada, elevar el gasto público en infraestructura, reasignar, focalizar y priorizar recursos. También abrir espacios para que el sector privado participe, no solo en ejecución, sino en financiación y operación de proyectos, reactivando esa máquina de desarrollo y abatimiento de pobreza que fue nuestro país en la década de los noventa.
Chile debe entender que para volver a generar empleo de calidad y desarrollo digno, es imprescindible invertir en fierro y cemento. Aunque el Estado aporte solo una fracción de la inversión del país, su rol habilitador es el que permite a los privados hacer lo suyo. (Bio Bio)
Martín Arrau
