Las economías ilícitas se han convertido en una amenaza estructural para el desarrollo del país, según concluye el informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, presentado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). El estudio, elaborado junto a 30 gremios y con la participación de cerca de 70 especialistas, busca dimensionar el impacto del fenómeno y proponer medidas para fortalecer su combate.

El documento estima que las actividades ilícitas movilizan más de US$5.700 millones al año en Chile y generan pérdidas superiores a US$1.500 millones anuales por concepto de recaudación tributaria. A ello se suman cerca de US$2.700 millones que las empresas destinan cada año a medidas de prevención y seguridad para enfrentar la delincuencia.

Durante la presentación del informe, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, sostuvo que las economías ilícitas ya no representan un problema limitado a determinados sectores, sino que afectan simultáneamente la seguridad pública, la inversión, el empleo, la competencia, la recaudación fiscal y la confianza en las instituciones. Asimismo, advirtió que la normalización de actividades al margen de la ley deteriora la cultura de la legalidad y debilita la convivencia social.

El estudio señala que las organizaciones criminales participan en todas las etapas de estas actividades, desde la producción, el robo y el contrabando hasta la comercialización y el lavado de activos, configurando un sistema económico paralelo que fomenta la informalidad, distorsiona los mercados y desincentiva la inversión.

Como respuesta a este diagnóstico, el informe propone una agenda de 45 medidas enfocadas en el combate al comercio ilícito, las finanzas ilícitas y los delitos vinculados a materias primas. Entre las principales iniciativas figuran la elaboración de una Política Nacional contra las Economías Ilícitas, la creación de una unidad especializada de análisis e inteligencia, el fortalecimiento de la trazabilidad financiera mediante herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, campañas de educación ciudadana y un sistema integrado de denuncias seguras que facilite la persecución penal.

El documento también identifica cinco debilidades que favorecen la expansión de estas actividades ilegales: vacíos regulatorios, limitaciones en la fiscalización estatal, deficiencias en la coordinación institucional y de inteligencia, problemas en la trazabilidad de productos y recursos financieros, e insuficiencias en el marco sancionatorio vigente. (NP-ChatGPT-Emol)