La emblemática reforma de sala cuna universal enfrenta un escenario crítico en las últimas semanas del gobierno del presidente Gabriel Boric. Pese a los esfuerzos del Ejecutivo por despachar la iniciativa antes del 11 de marzo, el receso legislativo y las discrepancias presupuestarias han vuelto casi imposible su promulgación inmediata. Lo que comenzó en 2022 como una maniobra reglamentaria para derivar el proyecto a la Comisión de Educación, terminó retrasando su tramitación por cuatro años, un tiempo que hoy juega en contra del oficialismo ante la posibilidad de un veto por parte de la administración entrante de José Antonio Kast.
El principal obstáculo para el avance de la ley no es ideológico, sino financiero. Tras la reciente discusión del Presupuesto nacional, tanto la actual oposición como el equipo de Kast han manifestado que no existen recursos fiscales adicionales para sustentar nuevas políticas públicas de gran envergadura. Aunque existe consenso en eliminar el sesgo de contratación contra las mujeres, el fondo propuesto —que se financiaría con aportes de los empleadores y el Seguro de Cesantía— requeriría un respaldo estatal que el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, observa con cautela debido al déficit fiscal.
La tramitación ha estado marcada por una “guerrilla” de declaraciones y un inusual intercambio de posturas. Sectores de la derecha ahora exigen un rol más activo del Estado para no sobrecargar a los privados, mientras que el actual gobierno ha defendido la responsabilidad de los empleadores. Al mismo tiempo, el oficialismo, que inicialmente rechazó la propuesta por considerarla una “mercantilización” de la educación parvularia, es hoy su principal impulsor, enfrentando incluso resistencias internas lideradas por figuras como la senadora Yasna Provoste.
El futuro de la normativa depende ahora de una reunión clave entre el ministro Nicolás Grau y su sucesor Jorge Quiroz. Si no se logra un acuerdo técnico de alto nivel durante el mes de febrero, la reforma quedará en manos de la nueva legislatura que asume en marzo. En este contexto, la actual oposición desestima las acusaciones de bloqueo, argumentando que el gobierno intenta legislar con premura tras cuatro años de estancamiento, dejando el destino de la sala cuna universal supeditado a la voluntad política de la administración republicana. (NP-Gemini)