El Ministerio de Salud (Minsal) entregó la mañana de este viernes un informe sobre el estado de salud de los heridos por la explosión de un artefacto incendiario en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) el miércoles, que dejó 35 lesionados.
“De las 35 personas afectadas, no hay fallecidos; 23 están hospitalizadas, 1 en estado de extrema gravedad y 9 en estado crítico”, informaron desde el Minsal.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, encabezó la mañana de ayer jueves una reunión para coordinar las medidas ante la situación. Tras el encuentro, el secretario de Estado subrayó que se enfocarán en tres áreas: contención emocional, convivencia educativa y refuerzo en seguridad.
La emergencia fue provocada por una reacción química entre una bomba incendiaria y un contenedor con líquido inflamable, mientras un grupo de estudiantes preparaba una manifestación, presuntamente, en las afueras del colegio.
En este sentido, el ministro Cataldo señaló que “no sólo es inaceptable su uso en general, sino que en particular dentro de los espacios educativos que deben ser considerados espacios protegidos. Las acciones de violencia como las que hemos visto no pueden ser legitimadas como acciones de movilización social, porque detrás de esto no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros”.
MUNICIPIO SE QUERELLA
La Municipalidad de Santiago presentó una querella por incendio y lesiones graves contra quienes resulten responsables de la explosión en el Internado Nacional Barros Arana (INBA).
El incidente ocurrió este miércoles alrededor de las once de la mañana, y acorde a la Fiscalía Centro Norte hay vestigios de que el artefacto incendiario correspondería a una bomba molotov.
Acorde al escrito, un grupo de sujetos se reunió en el baño donde ocurrió la tragedia y en el interior de uno de los sanitario había una “gran cantidad de bombas molotov, material incendiario y fuegos artificiales” y detallan que la explosión ocurrió cuando “los encapuchados trataron de quemar sus overoles, la situación se salió de control y algunos petardos explotaron”.
En la querella – que fue presentada ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago– esgrimen que la Dirección de Educación de la municipalidad tiene la “fuerte sospecha” de que los autores son “adultos externos que están motivando que ocurran estas acciones y que comprometen la vida de los jóvenes”.
El municipio solicitó al tribunal asignar la causa a la fiscal María José Grez, quien tiene a su cargo múltiples indagatorias relacionadas con autores encapuchados en establecimientos educacionales, lo que “permitirá una mejor inteligencia del caso”.
Esta es la tercera vez que la alcaldía pide al Ministerio Público la designación de un persecutor especializado, anteriormente –por un hecho ocurrido en 2023– la alcaldesa Irací Hassler sostuvo en un reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia para realizar el mismo requerimiento. Antes ya lo había pedido al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve en 2022.
En el Municipio explican que esas peticiones se suman a las 20 querellas presentadas al Ministerio Público en el marco de los hechos de violencia en los establecimientos de Santiago. En cuanto la situación del INBA han interpuesto tres, incluyendo el último hecho. (La Nación-La Tercera)
