El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella presentada por el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, contra un empresario vinculado a la instalación de publicidad en espacios públicos de la comuna. La acción judicial denunciaba presuntas amenazas contra funcionarios municipales y otros hechos ocurridos durante el conflicto por el retiro de carteles y pantallas publicitarias.
La querella estaba dirigida contra Carlos Leoncio Frings Arias, representante de Power Graphics S.A., y contra quienes resultaran responsables de eventuales delitos de amenazas, atentado contra la autoridad y desórdenes públicos.
Según los antecedentes expuestos en la presentación judicial, uno de los episodios ocurrió durante la madrugada del 16 de septiembre, cuando un funcionario de la Secretaría Comunal de Planificación supervisaba el retiro de pantallas publicitarias en el sector de Manuel Antonio Matta con Santa Elvira.
De acuerdo con la denuncia, un hombre que se identificó como Carlos Frings llegó al lugar acompañado de otra persona y exigió detener las labores de retiro de los carteles pertenecientes a su empresa.
Ante la negativa del trabajador municipal, el individuo habría cuestionado la actuación del alcalde y pronunciado expresiones como “Esto no se va a quedar así” y “Ya van a ver lo que les va a pasar”.
La acción judicial también describía un incidente anterior, registrado el 11 de julio, cuando el mismo funcionario habría recibido una llamada de WhatsApp de una persona que afirmó trabajar para Power Graphics y su representante.
Según la querella, el interlocutor le advirtió que debía tener cuidado y aseguró conocer sus antecedentes personales, situación que el municipio interpretó como una intimidación.
Un tercer episodio denunciado ocurrió durante la madrugada del 27 de septiembre, cuando una persona dejó panfletos en distintos sectores de avenida Irarrázaval.
Los impresos contenían mensajes críticos contra Sichel y alusiones al funcionario municipal Jaime Tohá, quien había sido objeto de una medida disciplinaria.
La presentación del alcalde planteaba que estos hechos debían investigarse en conjunto, considerando su proximidad temporal con los incidentes vinculados al retiro de publicidad.
Sin embargo, la jueza Melissa Amunátegui concluyó que los antecedentes descritos no reunían los requisitos necesarios para admitir la acción penal.
Respecto de los dos primeros episodios, la magistrada señaló que los hechos relatados no permitían establecer, en los términos expuestos por el querellante, la concurrencia de los elementos propios del delito de amenazas.
En cuanto a la distribución de panfletos, sostuvo que las conductas descritas no presentaban la gravedad exigida por la legislación penal ni se acreditaban circunstancias que permitieran considerar una alteración relevante del orden o la tranquilidad pública.
Sobre esa base, el tribunal resolvió declarar inadmisible la querella interpuesta por el jefe comunal.
La decisión constituye un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acción judicial y no una sentencia absolutoria respecto de las personas mencionadas en la denuncia. (NP-ChatGPT-Bio Bio)
