Culpar a los jueces por la impunidad de la violencia en la Macrozona Sur es casi un lugar común. Aquí parece haber dos hipótesis contrapuestas, ninguna de las cuales está en lo correcto. Por una parte, están los que piensan que el sistema judicial está confabulado para perseguir criminalmente al pueblo mapuche. Por otra parte, encontramos a los que culpan a los jueces como principales responsables del quebrantamiento del Estado de derecho en la zona.
La primera hipótesis no tiene asidero en la realidad. En un informe reciente del Observatorio Judicial, pudimos observar que de las 128 causas ingresadas entre 2018 y 2020 por los delitos de homicidios, lesiones y amenazas asociados al conflicto de violencia en la zona, apenas se han dictado dos condenas, ambas de una entidad considerablemente baja. Por otra parte, un 40% de las causas terminó por decisión de no perseverar en la investigación, y otro 30% por archivo provisional. Tampoco se observa un abuso de la prisión preventiva.
Lejos de configurarse un escenario de criminalización, los datos indican que exactamente lo contrario: la total impunidad de los actos de violencia cometidos en la macrozona sur. Estudios anteriores del Observatorio Judicial sobre la aplicación de la ley antiterrorista o sobre la persecución del robo y hurto de madera dan cuenta del mismo resultado. Y, desde ya, puedo adelantar que las investigaciones en curso sobre usurpaciones y sobre atentados incendiarios no arrojarán resultados mejores.
Sin embargo, tampoco es cierto que los jueces fallen ideológicamente ni que busquen exculpar a los violentistas. Puede que haya casos aislados de decisiones descriteriadas, pero éstas no explican el grueso de las causas. Más bien, los jueces alcanzan a tener poca participación en los procesos y no cuentan con muchas oportunidades para pronunciarse, ya sea a favor o en contra de los imputados.
De hecho, en los procesos analizados apenas un 7,8% de las causas se encuentra formalizadas y, conforme pasan los años, la brecha entre las causas ingresadas y las formalizadas se ha incrementado. Coincidentemente, en el 67% de los casos no se conoce la identidad de los imputados, debiendo promoverse el juicio “contra quien resulte responsable”.
De este modo, el déficit parece estar más en el actuar de los fiscales que en la respuesta judicial. Son los fiscales los que llevan adelante la investigación, los que formalizan, los que solicitan diligencias y medidas cautelares, y los que acusan. Sin el actuar decidido de la Fiscalía, los jueces están atados de manos.
Por supuesto, nada de esto implica que los fiscales estén colaborando deliberadamente con la impunidad de la zona. Puede que la dotación o los recursos sean insuficientes. Puede que haya problemas de coordinación con las policías. Puede que los fiscales sufran amedrentamiento. Pero el responsable de la persecución de los delitos es el Ministerio Público y, por lo tanto, es a éste a quien corresponde levantar un diagnóstico y promover activamente los cambios que sean necesarios. Hasta ahora, sólo hemos visto un cómodo silencio. (DF)
José Miguel Aldunate
