Parlamentarios de distintos sectores reaccionaron al informe del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, el cual identificó alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales en más de 500 servicios públicos entre 2025 y marzo de 2026. El documento fue presentado en el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, encabezado por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, en el marco de un proceso impulsado por el Ejecutivo para revisar la gestión del Estado.
Entre los principales antecedentes, el informe da cuenta de transferencias por más de 140 millones de dólares a entidades con menos de un año de existencia, además de eventuales irregularidades en compras mediante el sistema de Compra Ágil. También se identificaron más de mil contratos con compromisos fiscales a mediano y largo plazo, junto con la incorporación de más de 2.500 funcionarios a plantas estatales en los últimos meses de 2025. A ello se suman más de mil convenios pagados que presentan rendiciones pendientes por sobre los 50 millones de dólares, además de un alto número de licencias médicas prolongadas en el sector público.
Desde el Ejecutivo se precisó que los hallazgos corresponden a alertas en análisis y no a irregularidades concluidas, señalando que se iniciará una revisión más exhaustiva que podría derivar en investigaciones y medidas administrativas para reforzar el control del gasto público.
En el oficialismo, legisladores como Arturo Squella y Alejandro Riquelme criticaron duramente la gestión del gobierno del ex Presidente Gabriel Boric, apuntando a un aumento del aparato estatal y a decisiones que, a su juicio, comprometen las finanzas públicas. En la misma línea, parlamentarios como Ricardo Neumann y Cristóbal Urruticoechea cuestionaron la falta de control en el cierre de la administración anterior y pidieron avanzar en mayores estándares de transparencia.
Desde otros sectores, en tanto, surgieron críticas al propio proceso de auditoría. El senador Iván Flores planteó la necesidad de que estas revisiones sean realizadas por entidades externas para garantizar su credibilidad. En paralelo, la diputada Gael Yeomans y el diputado Jorge Brito cuestionaron la imparcialidad del procedimiento, advirtiendo que una auditoría interna no asegura independencia suficiente para esclarecer el uso de recursos públicos.
Las reacciones reflejan un escenario político tensionado, donde el informe no solo abre un debate sobre la gestión fiscal reciente, sino también sobre la legitimidad y alcance de los mecanismos de fiscalización impulsados por el actual gobierno del Presidente José Antonio Kast. (NP-ChtGPT-Emol)