Una declaración del abogado Luis Hermosilla ante la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió nuevas interrogantes sobre el financiamiento de asesorías jurídicas vinculadas a causas penales que involucraron a altas autoridades durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
Según el testimonio de Hermosilla, Piñera habría impulsado personalmente una coordinación con abogados encargados de la defensa penal de autoridades investigadas en procesos relacionados con el estallido social iniciado en octubre de 2019 y con causas surgidas durante la pandemia de Covid-19.
“Por instrucciones del Presidente Piñera se generó una coordinación entre su persona y algunos abogados que ejercíamos la defensa penal de las más altas autoridades políticas del país”, declaró Hermosilla ante el Ministerio Público.
De acuerdo con su versión, el entonces mandatario buscaba mantenerse informado detalladamente sobre el desarrollo de los procesos judiciales y las estrategias adoptadas por quienes ejercían las defensas.
Hermosilla distinguió estas labores de su trabajo como asesor externo a honorarios del Ministerio del Interior. Según declaró, por este segundo encargo privado Piñera habría dispuesto pagos mensuales para él y el abogado Samuel Donoso.
El abogado afirmó no recordar con exactitud la cifra, aunque estimó que cada uno recibía alrededor de 100 UF mensuales. Añadió que los pagos se efectuaban exclusivamente en efectivo, generalmente acumulados y entregados de manera trimestral.
Según su declaración, habitualmente Samuel Donoso recibía el dinero y posteriormente le entregaba su parte. Hermosilla aseguró que los honorarios nunca fueron pagados mediante transferencias bancarias o depósitos.
También identificó a Benjamín Salas como una de las personas que inicialmente les entregaba el dinero y sostuvo que, después de su salida del Gobierno, esa función pasó a Andrés Sotomayor.
El abogado situó estos pagos entre fines de 2020 y, al menos, mediados de 2022. Esto significa, según su testimonio, que continuaron después de que Piñera dejara La Moneda en marzo de ese año. Hermosilla explicó que ello se debía a que el encargo había sido realizado personalmente por el expresidente y que, una vez terminado su mandato, las entregas se efectuaban en la oficina privada de Sotomayor.
Fuentes vinculadas a la administración de Piñera sostienen que los recursos habrían provenido del patrimonio personal del exmandatario y no de gastos reservados de la Presidencia. Este punto corresponde a la versión entregada por esas fuentes y forma parte de los antecedentes que deberán ser contrastados por la investigación.
El equipo mencionado por Hermosilla sería distinto del grupo de abogados conformado después del estallido social para intervenir en causas relacionadas con alteraciones del orden público, entre ellas investigaciones por incendios en estaciones del Metro.
Ese primer grupo estuvo integrado por Jorge Bofill, Marcelo Sanfeliú, Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso. De acuerdo con los antecedentes proporcionados, esos abogados participaron ad honorem en dichas causas.
El escenario habría cambiado durante 2020, cuando las investigaciones penales comenzaron a alcanzar a altos mandos de Carabineros y autoridades políticas, entre ellas el propio Piñera y el entonces ministro del Interior Andrés Chadwick. Fue en ese contexto, según las fuentes citadas, que Hermosilla y Donoso asumieron labores de defensa y seguimiento jurídico.
La declaración también aborda indirectamente la situación de Gabriel Zaliasnik. Según fuentes conocedoras de esos procesos, el abogado no habría formado parte del esquema de pagos descrito por Hermosilla porque su representación correspondió al entonces general director de Carabineros Mario Rozas y no a las autoridades gubernamentales investigadas.
Los honorarios de Zaliasnik habrían sido financiados por la Fundación Nos Importan, organización creada para contribuir a la defensa jurídica de funcionarios policiales imputados. La entidad, presidida por Alejandra Cruzat, habría efectuado los pagos correspondientes durante el período en que el abogado representó a Rozas.
La forma en que se financiaron las asesorías mencionadas por Hermosilla adquiere relevancia para la investigación debido a que los pagos, según su testimonio, fueron realizados en efectivo y se prolongaron más allá del término del segundo gobierno de Piñera.
Los antecedentes entregados por Hermosilla estarían siendo analizados por la Fiscalía Regional de Valparaíso y la Policía de Investigaciones. Por ahora, su declaración constituye una versión entregada ante el Ministerio Público y no establece por sí sola el origen de los fondos ni eventuales responsabilidades penales de las personas mencionadas. (NP-ChatGPT-La Tercera)