El abogado Luis Hermosilla declaró ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera recibió pagos mensuales por participar en una coordinación destinada a seguir procesos judiciales relacionados con altas autoridades del país.

Según consignó T13, Hermosilla abordó los pagos durante su quinta declaración ante la persecutora, en el marco de las investigaciones vinculadas al denominado caso Audio. El abogado sostuvo que la iniciativa habría surgido del entonces Presidente Piñera, quien, de acuerdo con su versión, buscaba mantenerse informado detalladamente sobre el desarrollo de esos procesos.

Hermosilla afirmó que tanto él como el abogado Samuel Donoso Boassi recibían una suma que estimó en alrededor de 100 UF mensuales para cada uno. En su declaración precisó que no recordaba con exactitud el monto, aunque situó los pagos en torno a esa cifra.

El abogado aseguró que no mantuvo conversaciones directas con Piñera sobre esta materia y señaló que su interlocución se produjo con Andrés Chadwick, quien se desempeñó como ministro durante las administraciones del exmandatario.

De acuerdo con el relato de Hermosilla, a partir de instrucciones atribuidas al entonces Presidente se estableció una coordinación entre él y abogados que ejercían la defensa penal de algunas de las principales autoridades del país.

En su testimonio, Hermosilla agregó que no emitió boletas de honorarios por los montos que aseguró haber recibido. La declaración incorpora así nuevos antecedentes sobre las asesorías y pagos que, según su versión entregada ante la Fiscalía, se realizaron durante la administración de Piñera.

Hermosilla se encuentra imputado en el denominado caso Audio, investigación en cuyo contexto ha prestado sucesivas declaraciones ante el Ministerio Público. Los antecedentes relatados por el abogado corresponden a su testimonio ante la fiscal Perivancich y, por tanto, constituyen su versión sobre las circunstancias y origen de esos pagos.

GESTIONES EN NOMBRAMIENTOS

Hermosilla declaró el 27 de agosto acompañado por dos integrantes de su defensa y respondió las preguntas del equipo investigador, del que también forma parte la Policía de Investigaciones (PDI).

Comenzó detallando su trabajo como asesor externo del Ministerio del Interior durante la gestión de Andrés Chadwick. Según su testimonio, recibía $1 millón mensual mediante transferencia bancaria, previa emisión de una boleta de honorarios o factura y la presentación de un informe genérico sobre sus actividades profesionales.

Sin embargo, aseguró que paralelamente desarrolló otra labor, originada, según su versión, por instrucciones del entonces Presidente Sebastián Piñera. Esta consistía en coordinarse con abogados encargados de la defensa penal de altas autoridades políticas, particularmente en causas relacionadas con los acontecimientos del 18 de octubre de 2019 y procesos abiertos durante la pandemia de Covid-19.

Por este segundo trabajo, afirmó que tanto él como el abogado Samuel Donoso recibían aproximadamente 100 UF mensuales cada uno. A diferencia de sus honorarios por la asesoría al Ministerio del Interior, estos pagos se realizaban en efectivo y, según recordó, habitualmente se acumulaban y entregaban trimestralmente.

Hermosilla declaró que inicialmente el dinero era entregado por Benjamín Salas y que, después de su salida del gobierno, esa función habría quedado en manos de Andrés Sotomayor. Consultado sobre la procedencia de los fondos, aseguró desconocerla.

Según su relato, los pagos comenzaron hacia fines de 2020 y continuaron al menos hasta mediados de 2022, es decir, después de que Piñera dejara La Moneda en marzo de ese año. Hermosilla sostuvo que posteriormente las entregas se efectuaban en la oficina privada de Sotomayor.

La declaración contrasta con versiones difundidas en 2019 y 2020 respecto de que algunas de estas labores jurídicas eran realizadas “ad honorem”.

Hermosilla también abordó extensamente sus relaciones y gestiones en el Poder Judicial. Reconoció que en algunas ocasiones conversó con ministros de cortes que debían conocer causas de su interés, ya fuera telefónicamente, en los pasillos o mediante audiencias solicitadas formalmente.

Al describir las conversaciones sobre nombramientos judiciales, aseguró que Gabriel Zaliasnik tenía mayor acceso que él a algunos ministros de las cortes de Apelaciones e incluso de la Corte Suprema. Añadió que junto con Zaliasnik y Samuel Donoso conversaban acerca de candidatos para determinados cargos judiciales.

Hermosilla afirmó que su principal interés estaba puesto en las ternas correspondientes a Santiago y sostuvo que buena parte de las consultas sobre candidatos provenía desde el propio gobierno. Según declaró, tanto él como Donoso recibían ternas remitidas por Andrés Sotomayor para entregar sus opiniones.

El abogado identificó además a una serie de personas con quienes, de acuerdo con su testimonio, conversaba sobre nombramientos. Mencionó a Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik, Héctor Mery y, en determinados casos, a Benjamín Salas, Andrés Sotomayor y Pablo Urquízar. Agregó que existía especial interés por las cortes de Santiago, San Miguel y Valparaíso.

Interrogado acerca de las razones por las cuales abogados litigantes podían interesarse en esas designaciones, Hermosilla distinguió entre motivaciones políticas y profesionales. Afirmó que existía interés en escoger jueces que calificó como “republicanos” y agregó que, en términos generales, litigantes podían buscar la designación de personas cercanas a quienes posteriormente pudieran acceder en determinadas causas.

Durante su declaración también se refirió al nombramiento de María Teresa Letelier en la Corte Suprema. Hermosilla sostuvo que tenía una opinión favorable de sus capacidades y que la consideraba políticamente cercana a la derecha. Aseguró haber transmitido esa valoración a Héctor Mery y Andrés Chadwick.

El abogado relató además que posteriormente sostuvo una reunión con Letelier en su domicilio, encuentro que, según dijo, fue gestionado a través de Mario Carroza. Hermosilla calificó la conversación como protocolar y aseguró que le manifestó su intención de respaldarla debido a la opinión favorable que tenía sobre su idoneidad y capacidad.

Otro de los episodios abordados fue la designación de Verónica Sabaj como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hermosilla reconoció ante los investigadores la existencia de mensajes de WhatsApp que, según sus propias palabras, daban cuenta de gestiones efectuadas por él a través de Chadwick para que este conversara con el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Hacia el final de su declaración, Hermosilla fue interrogado sobre conversaciones relativas a Danilo Quezada, quien aparecía como candidato a integrar una Corte de Apelaciones. Según explicó, anteriormente había manifestado reparos a su designación debido a que lo consideraba políticamente de izquierda.

En ese contexto, también se refirió al conservador de Bienes Raíces Sergio Yáber y a una conversación con Donoso y Zaliasnik. Hermosilla interpretó determinados mensajes como referencias a una eventual intervención en nombramientos de jueces y ministros que posteriormente pudieran participar en causas de interés para abogados involucrados en esas conversaciones.

Las afirmaciones forman parte del testimonio de 20 páginas entregado por Hermosilla al Ministerio Público y corresponden a su versión ante los investigadores. Las circunstancias descritas, el origen de los pagos y el alcance que pudieron tener las gestiones relacionadas con nombramientos judiciales forman parte de los antecedentes examinados en la investigación.(NP-ChatGPT-Emol)