Este mes se cumplen cuatro años desde que “El Mercurio” me invitó a ser parte de este espacio. Ha sido un honor y una enorme responsabilidad compartir con ustedes mis reflexiones. Estoy agradecida por la oportunidad y por las respetuosas discrepancias que han enriquecido mi análisis y el necesario intercambio de ideas en la discusión pública.
Me ha tocado participar del debate durante tiempos convulsionados. Mi generación no los había vivido. Casi nos sentíamos impermeables a ellos. Legítimamente, teníamos una expectativa de que no sucederían, no al menos en la forma en que ocurrieron en octubre de 2019. Esa expectativa se fundaba en la convicción de que teníamos un entendimiento básico como sociedad, ampliamente compartido, sobre cómo relacionarnos en los acuerdos y cómo resolver nuestras diferencias en los disensos, sobre la base del Estado de Derecho democrático. En ese país, que a comienzos de los 90 retornaba a la democracia, habían podido convivir, incluso con todas las dificultades propias de la época, ideas y proyectos diversos. En ese país, y durante 30 años, se había logrado profundizar el compromiso democrático, con aciertos y desaciertos, y la política había logrado aprobar responsablemente muchas e importantes (además de complejas) leyes en las más diversas materias sociales, tributarias, de responsabilidad fiscal y de perfeccionamiento institucional. Ese entendimiento y el marco jurídico que se fue construyendo moldeaban una sociedad que caminaba al desarrollo. Subsistían múltiples desafíos, pero entendíamos que para abordarlos debíamos siempre construir (no destruir) y crecer sobre la base de los cimientos existentes. Veíamos el progreso y la consecuente mayor justicia social como algo posible, más o menos cerca, pero nunca inalcanzable. Obrábamos sobre la base de que, más allá de los gobernantes de turno, esos consensos básicos, tan necesarios para avanzar en cualquier orden de materias, no se romperían.
Todo ello se quebró en 2019 y a quienes creíamos en las virtudes de ese período y en los principios de una sociedad libre y pujante se nos declaró personas no gratas por enardecidos intelectuales (curiosa combinación), también por políticos y actores del debate público. Se nos dijo que nuestra visión sobre el orden social era ilegítima e inválida y que los términos y condiciones las pondrían los canceladores.
En ese complejo y desconcertante contexto, en el que se nos imponía callar, cuestión inaceptable en cualquier democracia real y actual, espero haber contribuido a expresar, con mucha humildad, pero con gran convicción, que esa visión del orden social, que era cancelada, de ilegítima no tiene nada, que es representativa de un grupo muy importante y considerable de nuestra sociedad y que ella se sustenta en principios y valores reconocidos y arraigados en democracias modernas. En momentos en que se pretendió excluir esa visión del reciente borrador del nuevo pacto social, en buena hora rechazado, estoy verdaderamente agradecida de haber tenido la oportunidad de plantearla y promoverla, con fundamentos, esperando haber representado ese sentir de manera respetuosa, pero firme.
Nuestras divergencias no solo son legítimas, sino que necesarias para generar soluciones virtuosas a los problemas que enfrentamos. Y cuando ello no se pueda, la democracia constitucional, no la violencia, nos ayuda a resolver nuestras discrepancias. La institucionalidad es la que debe darnos a todos esa tranquilidad. No a unos ni a otros. A todos. Ella debe estar robustamente preparada para promover y cuidar que las visiones divergentes puedan subsistir y alternarse en el marco de las reglas dadas. De ahí que son tan importantes las reglas y su respeto, y no la subjetividad y las limitaciones al poder y su equilibrio para que los proyectos diversos puedan razonablemente desarrollarse y convivir, sin temor a que nuestros derechos y libertades sean conculcados, abierta o solapadamente.
Desde mañana, asumiré un rol en el comité de expertos para elaborar un anteproyecto constitucional, dejando este espacio. Para esa tarea, me inspiran y motivan las cuestiones esenciales que he señalado más arriba, siendo mi voluntad que podamos arribar a soluciones institucionales fundamentales, sobrias y robustas que nos permitan, a partir de los diagnósticos instalados, arbitrar mecanismos para recuperar y mejorar las bases de nuestra convivencia y proyectarnos modernamente hacia el futuro. Concluir este proceso exitosamente es importante si ello implica que hemos arribado a razonables consensos y a una buena arquitectura. Concluirlo por concluirlo, no. Si alguna vez vuelvo a esta tribuna espero poder escribir líneas muy distintas al deterioro del que he dado cuenta estos años. Creo es lo que queremos todos. (El Mercurio)
Natalia González
