Entre las cerca de 80 páginas de indicaciones presentadas por el Gobierno a su proyecto de megarreforma, una disposición abrió la posibilidad de condonar parte de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) para quienes mantienen obligaciones actualmente en cobranza ante la Tesorería General de la República (TGR).

La propuesta faculta a la TGR para suscribir convenios especiales de pago con deudores del CAE respecto de créditos en los que se haya activado la garantía estatal. Estos acuerdos contemplarán un pie inicial y hasta 48 cuotas mensuales, con condiciones definidas según variables como el monto adeudado y el nivel de ingresos del deudor.

Una de las principales novedades es que, una vez firmado el convenio, el saldo expresado en Unidades Tributarias Mensuales será convertido a pesos y permanecerá fijo durante toda la vigencia del acuerdo, sin reajustes ni intereses.

Al término del convenio, la TGR podrá extinguir total o parcialmente el saldo remanente. Quienes cumplan íntegramente con sus cuotas podrán acceder a una condonación de hasta el 100% del saldo pendiente. En casos de incumplimientos menores, el beneficio podrá llegar al 90%, mientras que en otras situaciones la rebaja alcanzará hasta el 70%.

El beneficio estará disponible únicamente para los actuales deudores del CAE en cobranza ante la TGR, que suman cerca de 556 mil personas. La facultad para suscribir estos convenios se extenderá por 90 días corridos desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, en caso de que la iniciativa sea aprobada.

El economista Francisco Castañeda señaló que la medida constituye un reconocimiento implícito de que una parte importante de estas deudas es difícil de recuperar en su totalidad. A su juicio, el mecanismo busca incentivar el pago, reducir la morosidad y permitir al Estado recuperar al menos una fracción de los recursos comprometidos.

Por su parte, el exsubsecretario de Educación Superior Víctor Orellana sostuvo que el Ejecutivo busca facilitar un acuerdo político en torno al futuro del CAE y avanzar en una solución definitiva para el sistema de financiamiento estudiantil.

La propuesta podría generar cuestionamientos entre quienes ya pagaron completamente sus créditos, aunque el Gobierno ya había considerado compensaciones tributarias en iniciativas anteriores vinculadas al financiamiento de la educación superior. (NP-ChatGPT-La Tercera)