El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuestionó la formulación del Presupuesto 2026 y sostuvo que fue necesario corregir sus estimaciones de ingresos y gastos debido a obligaciones fiscales que no habían sido incorporadas completamente. La controversia surgió durante la presentación del proyecto de Presupuestos 2027, cuyo crecimiento de 1,5% fue calculado por el Gobierno utilizando como referencia la proyección de gasto efectivo de este año, en lugar del monto originalmente aprobado.

“Partimos el año y advertimos que el Presupuesto estaba mal hecho porque no había considerado el reajuste ni el cumplimiento de leyes, como la ley previsional y el impacto en el gasto de las cotizaciones”, afirmó Quiroz.

El secretario de Estado explicó que esas obligaciones elevaron las necesidades de financiamiento durante 2026 y justificó el cambio de base de comparación utilizado para presentar el presupuesto del próximo año.

Especialistas consultados por Emol identificaron dos factores principales detrás de los ajustes: una recaudación tributaria inferior a la inicialmente prevista y compromisos legales cuyo financiamiento no estaba completamente contemplado.

La exdirectora de Presupuestos Cristina Torres señaló que uno de los problemas estuvo en la estimación de los recursos asociados a la Ley de Cumplimiento Tributario. Según explicó, la Dirección de Presupuestos (Dipres) redujo la proyección de ingresos atribuibles a esa normativa desde 0,7% a 0,1% del producto interno bruto (PIB) para 2026.

A esa corrección se sumó una menor estimación de los ingresos tributarios no mineros. Como consecuencia, la proyección de ingresos fiscales efectivos disminuyó desde $81 billones, considerados en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre de 2025, a $78,8 billones en el informe correspondiente al primer trimestre de 2026.

En materia de gastos, Torres indicó que el presupuesto original no reflejaba completamente el costo de determinadas obligaciones legales, entre ellas el reajuste de remuneraciones del sector público y las cotizaciones adicionales derivadas de la reforma previsional.

La economista precisó que el reajuste del sector público representaba un costo estimado de US$1.668 millones. Después de considerar provisiones y medidas de mitigación, permanecía una necesidad de financiamiento cercana a US$822 millones.

De acuerdo con Torres, el IFP del primer trimestre identificó $2,58 billones adicionales en compromisos legales y otras obligaciones de gasto que no habían sido incluidos en las proyecciones anteriores.

Entre esas necesidades mencionó recursos para salud, educación, establecimientos penitenciarios y atención de emergencias, además de las obligaciones laborales y previsionales.

El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber, actual decano de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, coincidió en que el presupuesto no incorporó plenamente determinados compromisos conocidos al momento de su elaboración.

“La Ley de Presupuestos 2026 estuvo mal diseñada porque no consideró gastos que se sabía iban a ocurrir, principalmente vinculados a gastos en personas, con el reajuste del sector público y gastos previsionales, y porque no estaba completamente financiada”, sostuvo.

Weber recordó que la administración anterior había proyectado un crecimiento del gasto cercano a 1,7% para 2026, pero posteriormente se identificaron necesidades de financiamiento por aproximadamente US$1.000 millones.

También señaló que el primer IFP de la actual administración mostró un déficit estructural equivalente al 3,7% del PIB y que el Ejecutivo debió solicitar al Congreso una ampliación del endeudamiento por US$6.400 millones.

Según sus estimaciones, el gasto efectivo de 2026 superaría en aproximadamente US$1.200 millones el monto inicialmente contemplado.

Por su parte, el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo cifró en US$2.618 millones las obligaciones permanentes que, a su juicio, no habían sido incorporadas en el diseño original, principalmente relacionadas con el reajuste de remuneraciones del sector público.

Torres planteó que las modificaciones respondieron a una combinación de factores y no a un único problema de formulación presupuestaria.

“Se esperaban ingresos que finalmente tuvieron que corregirse a la baja y, simultáneamente, existían presiones de gasto que no estaban plenamente incorporadas”, explicó.

Las diferencias entre el presupuesto inicialmente aprobado y el gasto que se proyecta ejecutar forman parte del debate sobre las cifras utilizadas por Hacienda para presentar la expansión de 1,5% prevista en el proyecto de Presupuestos 2027. (NP-ChatGPT-Emol)