Tiempos de reformas y debate sobre el papel o función del Estado.
Al respecto, vamos clarificando algunos asuntos. Primeramente, observamos un amplio y transversal consenso respecto de la necesidad de reimpulsar el crecimiento económico, ya que este se ha estacionado en un promedio de 2% anual (2014-2024); además, habría una necesidad de revertir el déficit estructural fiscal que nos ha acompañado durante más de 12 años y que nos ha llevado a una deuda país que sobrepasa el 43% del Producto Interno Bruto.
En ese escenario, la candidatura del entonces José Antonio Kast se comprometió a impulsar políticas y medidas que permitan nuevamente poner al país en la senda del crecimiento, sin embargo, pareciera que las propuestas explicitadas en la Ley de Reconstrucción Nacional no sólo promueven el crecimiento e intentan disminuir el endeudamiento, sino que pretenderían avanzar hacia un nuevo pacto social.
Al respecto, en los análisis de personeros de gobierno y personas cercanas a las teorías de las escuelas de Chicago y Austriaca, más conocidas como anarcocapitalistas o libertarias, el macizo triunfo del 58% de las preferencias en la segunda vuelta sería prueba de la voluntad del soberano respecto de un cambio de paradigma en el desarrollo, sin embargo, podríamos considerar en extremo voluntarista el sostener que mayoritariamente los ciudadanos están por una redefinición del papel del Estado en la sociedad.
En tal sentido, la cuestión a clarificar es si estamos frente a una batería de propuestas que pretenden sacar al país del estancamiento o lisa y llanamente se trata de cambiar el paradigma de desarrollo, reemplazando al Estado Social por uno ideológicamente ligado a la eliminación del Estado como proveedor de servicios. Incluido los ámbitos relativos a la seguridad, educación, salud y justicia, entre otros. En efecto, hasta ahora las políticas públicas conminaban al Estado a ser un actor clave en el marco de la concepción de la justicia social.
En los hechos, sostener que “la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo” como afirmó el ministro de Hacienda, lo que sumado al traspaso total del alza de la bencina -como política de shock– a los ciudadanos, y muy particularmente, el oficio N°16 del Ministerio de Hacienda que recomienda “descontinuar” 142 programas sociales en diversas carteras, no sólo estarían promoviendo una disminución de la deuda pública o un cese de programas mal evaluados, sino que más bien serían expresiones y acciones coherentes con un modelo de desarrollo que cambia el papel del Estado, que pretenderían desregular la esfera pública, que busca ensalzar al individuo y prescindir de una concepción comunitaria, cuyo objetivo es preservar el tejido social y, en último término, resguardar la noción de justicia social.
Por cierto, c ¿habrá grandes mayorías para aquello? ¿Hará de Chile un país más justo? (El Líbero)
Jaime Abedrapo