El diagnóstico es ampliamente compartido entre especialistas: una institucionalidad fragmentada, con agencias que operan con escasa coordinación, sin una autoridad que asuma el liderazgo estratégico del sistema o que articule sus desafíos. Esta disfuncionalidad no es solo burocrática. También afecta la inversión, la seguridad del suministro y la confianza ciudadana en un sector clave para el desarrollo económico, la electrificación de la economía y la descarbonización que Chile busca liderar.
Frente a ello, ofrecemos una propuesta de reforma que contemple la redefinición del rol del Ministerio de Energía, la creación de una Comisión para el Mercado Energético (CME) que reemplace a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el fortalecimiento del Panel de Expertos, y la modernización del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).
El Ministerio de Energía debe recuperar su carácter estratégico básico. Además de gestionar la coyuntura, debe ser el órgano de planificación y coordinación de largo plazo del sector. Debe concentrar sus tareas en la definición de políticas energéticas a través de la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y documentos de trabajo (white papers), fortaleciendo la coordinación interministerial. Sus restantes funciones técnicas deberían trasladarse a la nueva CME, eliminándose sus unidades sin relación directa con su mandato energético.
Luego, y siguiendo el modelo de agencias independientes, proponemos una nueva CME como regulador técnico y colegiado, con atribuciones normativas, fiscalizadoras y sancionatorias. Su consejo directivo, designado por el Presidente con acuerdo de los dos tercios del Senado, aseguraría deliberación técnica y estabilidad de criterios. Dictaría normas técnicas y económicas para el funcionamiento del sistema eléctrico, evaluaría su impacto en el mercado eléctrico, fiscalizaría a las empresas y al CEN, e informaría sobre los cambios legales y reglamentarios propuestos por el Ministerio de Energía.
Su diseño —inspirado en la CMF chilena y en reguladores eléctricos de países desarrollados— permitiría separar la regulación eléctrica de los incentivos del ciclo político, fortaleciendo la confianza del mercado sin debilitar la rendición de cuentas públicas.
El Panel de Expertos ha sido reconocido transversalmente como árbitro técnico del sistema, pero enfrenta una sobrecarga que amenaza su eficacia. Urge fortalecerlo presupuestaria y operativamente, ampliando su dotación de profesionales y facilitándole contratar asesorías especializadas. No se propone transformarlo en un tribunal, pues su legitimidad proviene de la rapidez, independencia y especialización técnica.
En cuanto al CEN, su autonomía operativa —necesaria para garantizar neutralidad— se ha confundido con una independencia sin contrapesos. Se debe acotar su mandato al de operador del sistema (ISO), eliminar la regla de responsabilidad personal de sus consejeros, que incentiva decisiones excesivamente conservadoras, y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas ante la nueva CME y la ciudadanía.
También proponemos crear un Consejo Consultivo con representantes de la industria, reforzar la transparencia de sus decisiones y articular, junto al Ministerio y la CME, la planificación conjunta en materia de resiliencia y seguridad energética.
Las reformas institucionales rara vez generan entusiasmo político, pero permiten sostener políticas públicas consistentes y alcanzar el desarrollo.
En el pasado, Chile construyó su sistema eléctrico sobre reglas previsibles y reguladores confiables. Ese equilibrio se ha erosionado ante un contexto más complejo, descentralizado y demandante. Por ello se requieren nuevas instituciones, capaces de anticipar los desafíos del sector, atraer inversiones y garantizar certeza regulatoria. Es el momento de actuar. (El Mercurio)
Ronald Fischer
D.I.I. U. Chile
José Francisco García
Eugenio García-Huidobro
Derecho UC
Catalina Medel
RegCom U. Chile
Pablo Serra
Economía U. Chile
