Quedan pocos días para el plebiscito de salida, donde la ciudadanía tendrá que decidir si el borrador constitucional presentado por 154 convencionales, que en su mayoría representan a grupos ideológicos y radicalizados, es una Constitución deseable para Chile. El texto tiene a muy pocos conformes, y es por eso que ya se ha llegado a una suerte de acuerdo, que a pesar de los esfuerzos, ha sido desechado tempranamente por el Presidente del Partido Comunista, el partido más importante del Gobierno.
El texto constitucional, en palabras del historiador Alejandro San Francisco, es “de los vencedores contra los vencidos, radicalizado en su contenido y muy distante de las mayorías que existen en la realidad política nacional”.
Para nadie es un misterio que este proceso constituyente ha estado al debe en todo sentido. En su génesis hubo una crisis de violencia desatada a nivel nacional, que los políticos encauzaron en un cambio constitucional pactado el 15 de noviembre de 2019. Y el propio proceso se instaló como una polémica en sí misma: un “circo”. Así se pudo apreciar con la exhibición de convencionales en performances poco dignas para un órgano tan importante como el que redacta una nueva Constitución, con los representantes del pueblo de Chile disfrazados con corpóreos, y otros incidentes más graves, como la estafa electoral de Rodrigo Rojas Vade, quien utilizó una enfermedad mortal como excusa para victimizarse y resultar electo. Y, finalmente, generando un texto radicalizado que establece más derechos a los pueblos originarios en desmedro de todos los chilenos, que limita nuestras libertades y derechos fundamentales.
Rechazar el borrador constitucional no se inscribe en un eje de derechas o izquierdas, sino que se han cruzado ciertos límites por la debilidad de la propuesta política de la Convención. Ello explica, por ejemplo, que el 14 de agosto en la Encuesta Plaza Pública de CADEM (N°448), se mostraba que la opción Rechazo mantiene una holgada ventaja sobre el Apruebo.
Lo que ha permitido este cambio ha sido instalar que el borrador constitucional es injusto, peligroso y dañino. A pesar de ello, la situación podría estar cambiando, con una tendencia a estrechar los resultados. En parte esto se debe a que en las últimas semanas se ha visto un cambio en el eje de discusión, que se concentra más en el debate sobre el post plebiscito del 4 de septiembre, instalando una dialéctica en torno a qué ofrecerá la centroderecha como catálogo de cambios. Esto es un error, que desvía la atención del tema principal de la batalla electoral: valorar el trabajo de la Convención y su propuesta de constitución.
Por otra parte, el Gobierno no tiene medios para levantarse. A estas alturas, los colaboradores directos del Presidente, sus ministros, han sido más bien un lastre antes que un alivio. A la carga que ha significado para el Gobierno la Ministra del Interior, se suma la del Ministro Jackson. Aquella, por ser incapaz de restablecer el orden público, combatir la delincuencia, darle seguridad a los chilenos; éste, por ser incapaz de llevar a una gestión legislativa que atienda los principales problemas de la ciudadanía y por tener puestos sus esfuerzos en su jefatura de campaña –la que, dicho sea de paso, fue reprendida por la Contraloría y, ahora, investigada por el Ministerio Público-. La única alternativa posible es el cambio de gabinete, que en la tozudez del Presidente y sus asesores, no ocurrirá antes del 4 de septiembre.
Hemos vivido un tiempo perdido: meses de incertidumbre económica y carencias, mientras las autoridades hacen campaña con recursos públicos. Vendría bien a los chilenos que, luego del 4 de septiembre, el Gobierno entienda que el mayor bien que puede hacer es trabajar por los chilenos. (El Líbero)
Macarena Bravo
