Vivimos rodeados de confusión. Eso está claro. La guerra de Ucrania se prolonga sin desenlace a la vista y a ella se sumó este año la de Medio Oriente, mientras la disputa arancelaria reordena el comercio mundial, las grandes potencias se disputan el liderazgo del mundo que viene y la inteligencia artificial remece el trabajo, la educación y hasta la noción misma de la verdad. La población envejece, en Japón se venden desde hace años más pañales para adultos que para bebés, las pensiones se tensionan entre menos aportantes y más jubilados, y drogas nuevas y más dañinas cruzan continentes de la mano del crimen organizado.

Nuestra región no está al margen, con polarización creciente, elecciones definidas casi al empate y un crimen organizado profundamente instalado en el territorio que concentra los mayores recursos primarios del mundo. Minería, energía, petróleo, litio, cobre, soya, alimentos. Riquezas que exigen gestiones de excelencia, Estados serios y reglas estables. En un vecindario así, la calidad de quienes gobiernan no es un lujo, es una condición de supervivencia.

Chile, un país sólido y abierto al mundo, no está exento de nada de esto, y la sociedad entera debe estar consciente, más allá del gran país que tenemos, de que la tendencia desde el segundo gobierno de Bachelet es mala. El país se ha deteriorado en muchos frentes y la gente lo siente. Por eso es crucial mirar la película, no solo la foto. En estas semanas se habla de la batalla cultural, esa disputa contemporánea por el relato, el sentido común y los valores que definen la vida en sociedad.

En Chile, por una parte, el wokismo identitario que desembocó en la propuesta plurinacional, plan y motivación del gobierno saliente y de los jóvenes que lo integraron, con graves contradicciones en el camino. El caso Monsalve, el financiamiento con fondos públicos de un festival de cine pornográfico que según su propia organización recibió cerca de cien millones de pesos de los Fondos de Cultura, la quema del centro Violeta Parra y de iglesias, la destrucción de estatuas de héroes de la patria, del metro y de tantos bienes públicos. Al frente, la vereda que hoy, como durante los denostados treinta años, busca un Estado mejor y más eficiente, crecimiento, inversión y empleo, con rigor fiscal y sin afectar derechos sociales. Es grave, además, ver cómo aumenta la desconfianza en la justicia, con jueces y fiscales bajo investigación, y eso los narcos lo saben mejor que nadie.

Sé lo que dirán algunos, incluido el propio Frente Amplio. Que la responsabilidad es ahora del actual gobierno. Y sí, por supuesto que lo es, y le corresponde resolver lo recibido, para eso fue elegido y sobre esos resultados será juzgado a su turno. Pero resolver exige diagnosticar, y diagnosticar exige mirar atrás. Ningún médico trata a un paciente sin conocer su historia clínica. Cómo no mirar atrás, entonces, cuando ciertas situaciones explican en buena medida el estado en que se encuentra el país. Y en las tres que siguen se repite el mismo patrón, el de advertencias desoídas que terminaron en costos evitables.

Comencemos por lo fiscal, donde el deterioro venía incubándose desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero la administración pasada lo llevó a niveles sin precedentes, desoyendo durante cuatro años las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo. El resultado está a la vista. La regla fiscal se incumplió tres años consecutivos, el déficit estructural de 2025 cerró en 3,6% del producto frente a una meta de 1,1, el mayor desvío en un año sin crisis, y la deuda pública, que en 2007 no llegaba al 4%, hoy roza el 42.

La auditoría en curso agrega lo suyo. De los 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones, 1,4 billones no acreditan rendición alguna, hubo compras sin licitación con sobreprecios millonarios, raciones escolares pagadas y nunca entregadas ya denunciadas al Ministerio Público, y una postergación de pagos hacia 2026 por unos 3.200 millones de dólares, el mayor traspaso de deuda entre gobiernos del que haya registro, con casi diez mil pymes entre los acreedores. Retengamos ese dato. Mal gasto, corrupción y desorden, un cóctel imposible. Y lejos quede la idea de que todas las fundaciones sean malas o corruptas, esa es justamente la pena, porque el llamado caso Fundaciones ensucia lo que no debería.

Vamos ahora a la seguridad. El crimen organizado no se instala al azar ni elige sus destinos por capricho. Con tecnología, recursos y una organización internacional capaz de sortear obstáculos policiales y judiciales, elige los países cuyo modelo presenta debilidades. Chile le ofreció, ya desde octubre de 2019, inestabilidad y violencia, y tras la pausa de la pandemia, un catálogo completo de vulnerabilidades. Menos carabineros en la institución, fronteras permeables que permitieron un ingreso masivo e indocumentado, aduanas sin escáneres o con revisiones mínimas por las que pasó de todo, y focos de corrupción que fueron apareciendo en las policías, en las fuerzas de orden y hasta en tribunales. Debilidades advertidas a tiempo por expertos, parlamentarios y prensa, y jamás corregidas con la urgencia que exigían. Y hay una deuda que ya no admite excusas. La nueva ley de inteligencia, tras más de siete años de trámite, por fin fue publicada en mayo. La de Reglas de Uso de la Fuerza, en cambio, duerme hace más de un año en una comisión mixta que ni siquiera se ha constituido, vacío que el propio Ejecutivo ha invocado para no desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo de la seguridad. Postergar la discusión es una irresponsabilidad. El resultado es la economía criminal que hoy conocemos, con secuestros, sicariato y extorsión, palabras que hace una década no pertenecían a nuestro vocabulario cotidiano. Nada de esto era inevitable.

Y de la seguridad a la educación hay apenas un paso, porque la violencia también entró a las aulas. Por un lado, la protesta que se volvió costumbre, liceos emblemáticos convertidos en zonas de combate, encapuchados lanzando molotov contra carabineros, profesores y hasta sus propios compañeros, con una autoridad que durante años miró hacia el costado. Por otro, algo aún más desgarrador. En marzo, en un colegio de Calama, un alumno atacó con arma blanca a su comunidad escolar y murió la inspectora María Victoria Reyes, que alcanzó a intentar proteger a sus alumnos antes de ser herida. De ese dolor y de la violencia acumulada en los establecimientos surgió la Ley de Escuelas Protegidas, y fueron parlamentarios de la misma generación que nació políticamente en las marchas estudiantiles, junto al resto de la oposición, quienes corrieron al Tribunal Constitucional a impugnarla. El Tribunal declaró inconstitucionales cuatro de sus disposiciones, entre ellas el registro policial sin orden del fiscal, aunque sobrevivió la revisión de mochilas por el colegio. Invocó garantías que también protegen al inocente. Pero queda una paradoja que incomoda. El derecho de un menor a no ser registrado sin orden del fiscal encontró un tribunal que lo hizo valer de inmediato. El derecho de esos alumnos a estudiar en paz, y el de María Victoria Reyes a volver viva a su casa, no tuvieron nunca esa vía rápida.

Dónde quedó la inocencia, me pregunto. Los inocentes al poder, como llama Daniel Mansuy a esa generación en su ensayo homónimo, tienen aquí una responsabilidad directa, porque romantizaron la protesta violenta cuando les fue funcional y no supieron condenarla cuando se volvió contra la propia educación que decían defender.

Mientras tanto, el Frente Amplio cerró su primer Congreso Ideológico reafirmándose como partido socialista e incorporando a la pyme entre sus temas de interés. La pyme no necesita ser adoptada como causa en un congreso partidario. Necesita crecimiento, certeza jurídica, menos burocracia y un Estado que le pague a tiempo. Y aquí retomo el dato prometido. Entre las deudas que ese mismo conglomerado dejó impagas al abandonar La Moneda figuran casi diez mil pymes esperando sus pagos. Se puede declarar amor a la pequeña empresa en un cónclave. Otra cosa es habérselo demostrado cuando se tenía la caja fiscal en las manos.

Digo todo lo anterior sin ánimo absolutorio hacia nadie, porque el actual gobierno ya acumula errores propios. Un cambio de gabinete inusualmente temprano, con dos ministras fuera antes de los cien días, una de ellas la de Seguridad, cuya gestión volvió a quedar en entredicho esta semana con un dictamen de la Contraloría por exceder sus atribuciones en un requerimiento a la PDI. El área más sensible de la campaña partió con menos preparación de la que la urgencia exigía, aunque es justo decirlo, el ministro Arrau está trabajando bien, empoderado y decidido, prueba de que los errores se pueden corregir a tiempo. Un alza histórica de las bencinas, tras modificar el mecanismo de estabilización, completó una instalación más accidentada de lo esperable. Queda poca tela para resistir errores ante la incertidumbre mundial, porque el margen se lo gastaron los anteriores. Cuando la deuda roza el 42 por ciento del producto y el déficit marca récords, cada tropiezo propio cuesta el doble.

Por ello la exigencia sobre quienes hoy gobiernan no disminuye, se acrecienta. Quisieron ser gobierno y fueron elegidos para serlo, de modo que les corresponde enfrentar y resolver, sin dilaciones ni distracciones como una acusación constitucional que consume semanas del Congreso. La estabilidad, la experiencia y la ausencia de marcas del pasado son fundamentales. Y en tiempos de crimen organizado, los test de drogas y de pelo en los tres poderes del Estado son tan imprescindibles como revisar la mochila de un estudiante al ingresar a su escuela. Ninguna de las dos medidas nace de la desconfianza porque sí, ambas nacen de una situación preexistente que sería ingenuo seguir negando. Hacerse cargo exige que la clase política entera trabaje sin estridencias ni objetivos revanchistas, sin lumbreras que ventilen sus diferencias en los medios antes de hablarse cara a cara, rigurosa y profesional, practicando la política al mejor nivel, ese que privilegia los resultados por sobre los aplausos y el bien común por sobre el cuidado de la propia imagen. Las auditorías son necesarias para establecer la verdad, corregir el rumbo y tomar conciencia del daño.

¿Y qué hacen los ciudadanos con todo esto? Merecen que todos les rindan cuentas, del mal legado, de lo que se hace y de lo que se hará. El empleo es una gran alerta. Menos empleo hoy es menos pensión mañana y mayor deterioro. La confusión global con que abre esta columna tiene, como se ve, su capítulo doméstico. El cóctel es complejo y exige una clase política a la altura. Séneca lo dejó escrito hace dos mil años, largo es el camino de los preceptos, breve y eficaz el de los ejemplos. La ejemplaridad llega a las personas desde arriba, y cada gesto de quienes conducen la nación educa o deseduca. Muchos minimizan a la Concertación, y sin embargo en sus gobiernos, levantados sobre la cultura del acuerdo, la pobreza se redujo drásticamente, mejoró la educación, creció la clase media y millones de familias accedieron a la vivienda propia.

Mirar atrás es entonces doblemente importante, para nombrar lo que se hizo mal y para reconocer lo que se hizo bien, porque la autocrítica honesta ante la ciudadanía mejora la política. La corrupción y la mala política, esa que solo busca golpear al adversario, acusarlo o acusarse, no suman. En un mundo revuelto y en una región disputada por el crimen, Chile no tiene margen para gobernantes que confundan intenciones con resultados, ni para oposiciones que confundan derrota con revancha. Nada de lo que hemos vivido era inevitable, y nada de lo que viene lo es tampoco. Chile tiene todo para salir adelante. Solo falta lo esencial, hacerse cargo como sociedad. (El Líbero)

Iris Boeninger