Fui uno de los tantos que criticó duramente la forma y el resultado de cómo se tramitó la Ley de Pesca. En esa ocasión, y sin incluso tener los antecedentes que hoy todos disponemos, se alertó sobre los poderosos intereses creados, del privilegio y monopolio de concesiones que no solo afectaban a la pesca artesanal, sino también impedía la competencia por la vía de excluir a varias otras empresas. De igual manera, hicimos hincapié en el grosero y burdo lobby que se desplegó en el Congreso, solo comparable al verificado con motivo de la regulación sobre fármacos o televisión digital. Pero la insinuación que más reproches nos costó, fue aquella que sembraba la sospecha sobre la real independencia de varios diputados y senadores, quienes de manera reservada o derechamente irregular recibían cuantiosos aportes de las empresas del rubro.
Es el momento entonces, de afrontar y responder a dos importantes preguntas.
¿Debe anularse esta ley, como recientemente ha promovido la Cámara de Diputados? Me parece que no y las razones son varias. Primero, y por una cuestión de carácter práctico, es porque en tal caso prevalecería la ley anterior, la que es todavía peor y más abusiva que la actualmente vigente. Segundo, porque enfrentamos severos e insoslayables problemas constitucionales, en cuya observancia también se juega nuestra lealtad y compromiso con el Estado de Derecho. Tercero, porque no disponemos de los recursos para las cuantiosas indemnizaciones que eventualmente habría que pagar, a la luz de los posibles fallos de los tribunales, tanto dentro como fuera del país. Cuarto, y quizás lo más importante, porque la impostura de varios no puede terminar manchando la honra de otros tantos de actuaron con rectitud. Las responsabilidades por haber faltado a la promesa más básica de representar la soberanía popular -mediante el tráfico de influencias, negociación incompatible, financiamiento ilegal y ciertamente cohecho- son de carácter individual y no colectivas. Tender un manto de duda sobre el actuar de todos nuestros legisladores no es solo una generalización injusta, sino también la mejor manera de proteger y ensombrecer la conducta de quienes se dejaron corromper.
¿Debe reemplazarse o modificarse sustancialmente esta ley? Por supuesto que sí. Pero para ello es imprescindible que finalmente el Gobierno haga carne lo que tantas veces ha insinuado y envíe un proyecto al Congreso que resguarde el interés común, facilite la competencia, promueva la transparencia y vele especialmente por los intereses de aquellos que han sido históricamente perjudicados en esta industria. Dicho de otra manera, donde se trate la explotación de nuestros recursos marítimos naturales como un bien público y no, como hasta ahora, de manera privada y opaca, prolongando las prebendas de unos cuantos poderosos.
Así, con más información, vigilancia y otro estándar para el comportamiento de nuestros servidores públicos y la justa administración de los intereses en pugna, quizás podamos esta vez hacer bien la pega.
