El exministro de Hacienda Nicolás Grau inició una serie de contactos con dirigentes y parlamentarios de centroderecha mientras espera la presentación de la acusación constitucional anunciada por sectores libertarios y republicanos en su contra por su gestión de las finanzas públicas durante el gobierno de Gabriel Boric.

Según distintos antecedentes, el exsecretario de Estado ha buscado explicar personalmente sus argumentos frente al libelo, estableciendo conversaciones tanto con legisladores de oposición como con figuras vinculadas al ámbito económico. Entre ellas figura el exministro de Hacienda Ignacio Briones, con quien habría intercambiado opiniones respecto de los cuestionamientos que motivan la ofensiva parlamentaria.

Dentro del Congreso, Grau y su equipo identificaron a parlamentarios de centroderecha que podrían mostrar reparos respecto de la conveniencia política y jurídica de impulsar una acusación constitucional. Con ese objetivo, distribuyeron una minuta explicativa a través de WhatsApp el mismo día en que se anunció la acción. Entre quienes recibieron el documento figuran representantes de Evópoli y Demócratas.

El texto busca refutar las críticas formuladas por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de una supuesta subestimación de la deuda pública proyectada para el período 2026-2030. La defensa de Grau sostiene que los cálculos cuestionados no consideran adecuadamente factores como las correcciones financieras derivadas del escenario macroeconómico ni determinadas operaciones de financiamiento que no afectan el patrimonio neto del Estado, concluyendo que el análisis oficial sería incompleto.

Mientras algunos sectores opositores han preferido mantener distancia de las gestiones del exministro, también han surgido dudas respecto de la oportunidad política de la acusación. Diversos parlamentarios han señalado que la medida podría tensionar innecesariamente el ambiente legislativo en momentos en que existen proyectos considerados prioritarios para el país.

Desde Demócratas, se recordó que anteriormente se impulsó una comisión investigadora para esclarecer eventuales responsabilidades en esta materia, mecanismo que algunos consideran más adecuado que una acusación constitucional. Asimismo, se enfatizó que cualquier decisión dependerá del contenido definitivo del libelo y de los antecedentes que lo sustenten.

En la misma línea, voces de la centroderecha han advertido que una acusación constitucional debe utilizarse como un recurso excepcional, respaldado por fundamentos jurídicos sólidos y una viabilidad política clara, advirtiendo que un proceso sin respaldo suficiente podría afectar el clima político y desviar la atención de otras prioridades ciudadanas.

Paralelamente, Grau también ha compartido sus argumentos con parlamentarios de oposición y con exintegrantes del gabinete de Boric. El propio exmandatario habría seguido de cerca la evolución de la iniciativa para evaluar el respaldo político con que cuenta la acusación.

A la espera de la presentación formal del libelo, el exministro continúa coordinando su estrategia junto a excolaboradores y antiguos integrantes de su equipo, mientras persiste la incertidumbre respecto del apoyo que la acción constitucional podría reunir en el Congreso. (NP-ChatGPT-Emol)