Pero esa es una muy mala idea.
Si una política es mala, su aplicación gradual puede ser aún peor. Es como administrar un veneno con cuentagotas, que lo único que logrará es hacer sufrir más al que lo ingiere.
Lo que la izquierda no ha querido admitir aún es que su programa para transformar la sociedad chilena es muy malo, entre otras cosas, porque parte de un diagnóstico completamente equivocado de la realidad.
Lo que se propuso el programa de Bachelet fue evitar a toda costa que la clase media chilena entrara completamente en la lógica de lo que un destacado columnista de la plaza llama «la revolución capitalista». Dado que hoy día la clase media representa por lejos el sector mayoritario de la sociedad chilena, si esta termina adhiriendo al capitalismo, estaríamos ante una derrota muy dolorosa para el socialismo.
La izquierda radical acepta que una minoría, los ricos, pueda tener educación privada, salud privada, previsión privada. Pero no acepta que lo tengan las mayorías, porque eso los libera de la tutela del Estado y no serán ya pasto de los políticos que desde el Gobierno los transforma en sus clientes.
Por eso el afán por destruir o confinar la educación particular; bajarlos de los patines en el crudo lenguaje del ministro Eyzaguirre. En el nivel escolar, se trataba de eliminar los colegios con fines de lucro de manera de debilitar la oferta privada que había llegado a ser mayoritariamente escogida por los chilenos, terminando además con el copago; y de quitar a los padres y apoderados la opción de elegir el establecimiento que entregara educación a sus hijos al regular centralizadamente el proceso de selección.
Y, en buena medida, lo están logrando, aunque todavía no se nota, justamente porque el diseño es gradualista. Hoy se presenta como un logro por el Gobierno el que más de 700 colegios subvencionados con copago pasen a ser gratuitos y, en cambio, solamente unos cuantos pasaron a ser pagados sin subvención. Esto era claramente predecible, porque el año 2016 se puede seguir teniendo fines de lucro y tampoco rige la obligación de ser propietario de los inmuebles o arrendarlos conforme a la estricta regulación del proyecto. Esos 700 y tantos colegios son cerca del 12% del total, el otro 88% continúa pensando qué va a hacer cuando entren a regir las normas del proyecto de «inclusión».
En educación superior también van por la gradualidad. Ya se olvidaron de la promesa de gratuidad con que sedujeron a las mayorías. No hay plata para eso. El objetivo ahora es otro: obligar a las universidades privadas a doblar la cerviz y aceptar que el Gobierno les imponga cómo se tiene que gobernar la universidad, qué criterios de selección deben usar. Es decir, condicionar la subvención del Estado al cumplimiento de requisitos ideológicos u de otra índole.
En salud no hay tiempo para realizar una reforma que ataque las princiales carencias del sector. De hecho más del 80% de los asegurados, que están en Fonasa, no verá avance alguno en su atención. Una reforma profunda al sistema de las isapres tampoco será posible, pero, en una de esas, el Gobierno logra introducir el Fondo Mancomunado, que expropia parte del 7% de la cotización, que ya no irá a financiar beneficios para el afiliado y su familia, sino a un fondo común. Uno podría pensar que al menos eso favorecería a los beneficiarios de Fonasa, pero la verdad es que no. Menos de mil pesos mensuales irían a cada uno de ellos, el resto del dinero recaudado iría a cubrir el déficit de Fonasa.
No conocemos aún las propuestas para la reforma a las pensiones, pero los trascendidos también dicen que parte de la cotización podría ser «socializada», que es un eufemismo para decir expropiada.
Así, gradualmente, el gobierno de Bachelet puede todavía hacer mucho daño. Excepto que los chilenos alcen su voz para impedirlo.
