El Gobierno chileno comunicó la «suspensión momentánea» de la consulta indígena sobre un nuevo sistema de tierras, proceso impulsado para implementar las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. La decisión, anunciada en un escrito conjunto de las subsecretarías de Interior y Desarrollo Social, se tomó tras una evaluación de la primera etapa y busca dar paso a diálogos más flexibles con las comunidades de la Macrozona Sur (Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos).
La suspensión se ampara en el reglamento del Decreto Supremo 66, que permite detener el procedimiento si existen obstáculos que impidan su continuidad normal. El proceso, que comenzó en agosto, acumuló diversos tropiezos, incluyendo protestas y críticas de comunidades que lo percibieron como una imposición.
Fuentes del Ejecutivo reconocieron que, además de los problemas metodológicos y la desconfianza de las comunidades, influyó la tensión electoral, pese a que inicialmente el Gobierno había negado que el calendario político afectaría el diálogo. La medida busca «quitar la presión de la consulta formal» y será, en la práctica, una pausa estratégica que se extenderá al menos hasta después de las elecciones de noviembre. El encargado de la Unidad de Seguimiento, Fabián Salas, descartó que se trate de un fracaso y señaló que el objetivo es mantener el diálogo abierto con autocrítica para dejar una base de entendimiento al próximo gobierno, subrayando que la demanda mapuche es un asunto de Estado.
La suspensión generó reacciones encontradas en el mundo político. El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) interpretó la medida como el «fracaso total» de la política indígena del Presidente Gabriel Boric. En contraste, el senador y ex comisionado Francisco Huenchumilla (DC) fue más cauto, calificándola como «solo un traspié» comprensible en medio del periodo electoral. La senadora Carmen Gloria Aravena defendió la pausa como «necesaria» desde el punto de vista metodológico, argumentando que el clima electoral y el aumento de la violencia rural hacían inviable el avance del proceso formal. Otros parlamentarios opositores, como Miguel Mellado (ind. ex-RN), fueron más duros, criticando que el proceso «partió al revés» y fue un «fracaso anunciado» por forzarse «desde arriba». (NP-Gemini-La Tercera)
