Esta tarde de jueves, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó lo sucedido con la identificación de más de 50 testigos con identidad reservada en la causa contra el clan “Los Gallegos”.
“El gobierno está analizando las facultades constitucionales, y también legales, que tiene para hacer ver que nos parece que es una conducta equivocada y eventualmente negligente”, dijo.
A lo anterior, Monsalve agregó que se trata específicamente del “art. 32 de la Constitución” en el numeral 13 que le entrega la facultad al Presidente de la República para revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial.
Lo anterior para “requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación”, precisa el artículo.
“Esta materia se le ha encargado al ministro de Justicia, Luis Cordero, pero quiero decir desde ya que el Gobierno pretende actuar para hacer ver que esta conducta grave no debió haber ocurrido”.
AMENAZAS
Consultado por si el juez pudo haber sido objeto de alguna extorsión por parte del Tren de Aragua, el subsecretario respondió que no existe ningún antecedente que indique aquello.
“Lo que sí tenemos antecedentes es que los fiscales que participan de la causa y testigos que participan, sí habían previamente recibido amenazas”, complementó.
A continuación, Monsalve reiteró que “una medida que tomó el juez de Garantía, para nosotros, eventualmente coloca en riesgo la vida de las personas cuyos antecedentes hasta ahora se mantienen en reserva”.
MINISTRO DE JUSTICIA: «EXTREMADAMENTE GRAVE»
El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que la decisión del juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, sobre revelar las identidades de los más de 50 testigos en la causa del clan de “Los Gallegos”, es una “preocupación bien seria”.
“El día de ayer yo me encontraba en la Comisión de Constitución de la Cámara, precisamente presentando el proyecto de reincidencia y de mejoras en normas procesales penales, donde una de las normas tiene que ver con protección de testigos y protección de fiscales. Y se supo esta noticia, la ministra del Interior ya se ha referido a ello y yo vuelvo a insistir sobre este punto, lo sucedido con la revelación de la información de testigos protegidos y de agentes que tienen esa condición, es extremadamente grave”, manifestó el secretario de Estado.
Así también precisó que “es una situación que además se da en un contexto donde el fiscal que estaba a cargo de la causa, de hecho tenía protección y estaba autorizado a comparecer telemáticamente, precisamente por la naturaleza de la investigación”.
TREN DE ARAGUA
“Esta no es una investigación cualquiera, esta es una investigación de crimen organizado que es extremadamente compleja, donde es muy relevante los testimonios y la intervención de la policía en su interior. Y lo que sucedió ayer es lo suficientemente grave, no solo para que el Ministerio del Interior, sino que también el Ministerio Público ha interpuesto queja y recurso de protección”, indicó Cordero.
En tanto, también comentó que ya tienen “un precedente con lo que sucedió en el caso de Temuco, en una situación similar, donde la Corte revocó esta decisión”.
Al preguntarle si se puede hacer algo más que los recursos de protección o nulidad, para evitar que estas identidades se conozcan, Cordero explicó que “(…) esto se da en un contexto donde el Congreso está discutiendo un proyecto de ley que están dentro de los 31 proyectos prioritarios. Coincide precisamente que lo que estábamos discutiendo ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara, para abordar este tipo de asuntos, tanto en seguridad de fiscales como testigos y también de jueces”.
Cordero lamentó, en este caso, que la decisión “por parte del juez se dio en un contexto donde habían ciertos acuerdos previos por parte del propio comité de jueces y de la forma y modo en que había estado compareciendo el Ministerio Público en este caso en particular”.
«YO YA ME CANSÉ»
—Yo ya me cansé (…) No voy a volver atrás con la discusión. Me lo evacúan o yo resuelvo con lo que me dijeron las defensas.
Así, sin más, el juez Héctor Barraza, del Juzgado de Garantía de Arica, dejó sin la posibilidad de alegar al fiscal que lidera la causa penal contra la banda “Los Gallegos”, célula del Tren de Aragua descubierta operando en el norte del país, cuyos miembros están formalizados por delitos que van desde la extorsión al homicidio.
Los hechos se registraron este miércoles en el tribunal nortino, en una audiencia de cautela de garantías en la que se discutió si se debían o no dar a conocer a las partes los nombres de los 57 testigos protegidos y funcionarios policiales que han colaborado en la investigación en contra del clan de origen venezolano que echó raíz en las tomas del Cerro Chuño.
De acuerdo al registro de la instancia -al que accedió BBCL Investiga- el magistrado se molestó luego de que el persecutor titular de la causa intentara comparecer vía telemática.
Se trata de un fiscal que fue sacado de Arica justamente por medidas de seguridad, atendida la peligrosidad de la banda que le toca indagar.
EL COMITÉ DE JUECES
En la audiencia, tras no poder comparecer el titular de la causa, y luego de un receso, un segundo representante del Ministerio Público enviado al tribunal intentó hacer notar al juez que su par contaba con un permiso especial, tramitado ante la magistrada presidenta del Juzgado de Garantía de Arica.
—Eso ya lo debatimos, señor fiscal— retrucó el juez Barraza cuando se le recalcó la necesidad de que el persecutor titular interviniera en la discusión.
—Pero está autorizado por el Comité de Jueces— insistió el segundo persecutor.
—El Comité de Jueces no ve causa a causa, no es un órgano jurisdiccional —sentenció el juez.
La discusión entre ambos incluso derivó en si el fiscal de la causa podía seguir conectado o no a la audiencia por videollamada.
— No sé por qué está (online), porque el Zoom no es para público.
—Bueno, ha estado escuchando la audiencia en su calidad de fiscal titular, no de público — le señaló el representante del Ministerio Público.
“ÉL DIO ÓRDENES INTRUSIVAS”
Más allá del intercambio de opiniones, BBCL Investiga confirmó que el fiscal titular de la causa efectivamente cuenta con la autorización del Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Arica para comparecer de manera telemática como medida precautoria.
El permiso consta en un oficio enviado por la jueza presidenta del tribunal, Carmen Calas, al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.
“En sesión del pasado 1 de septiembre se tomó conocimiento de su oficio (…) Realizado el debate de rigor, el Comité de Jueces de este juzgado de garantía acordó autorizar la comparecencia remota del fiscal en forma permanente, dado los argumentos señalados en su oficio”, señala el escrito.
Sea como sea, y pese a que la fiscalía llegó con documento en mano, el magistrado sencillamente resolvió excluir de las alegaciones al organismo persecutor y decidió liberar a las defensas de los imputados el listado de testigos protegidos que declararían en contra de Los Gallegos. Por si fuera poco, también dejó fuera de la instancia a los representantes del Ministerio del Interior, lo que generó molestia en el Ejecutivo.
Según confidencian fuentes de BBCL Investiga, la resolución causó extrañeza en los intervinientes, quienes hasta este entrevero habían mantenido una buena relación con el tribunal.
En efecto, conocedores de la tramitación judicial sostienen que el magistrado no es un extraño en la causa. “Incluso él dio órdenes intrusivas relacionadas a este caso”, apunta uno de los consultados.
LOS SOBRES
Pese a lo resuelto en primera instancia, la Corte de Apelaciones de Arica, en fallo unánime, revocó la liberación de las identidades que también incluye a agentes encubiertos de la PDI que participaron de la indagatoria que hizo caer a Los Gallegos. A través del mismo, otorgaron un plazo fatal de cinco días a Barraza Aguilera para que entregue las explicaciones de su decisión.
Fue a través de un recurso de protección que la fiscalía solicitó una orden de no innovar que fue acogida por el tribunal de alzada. En la acción constitucional, el Ministerio Público enfatizó en que el resguardo de los nombres se da porque “existe peligro evidente para la vida” de los involucrados.
No obstante el fallo de la Corte, dos abogados alcanzaron a retirar los sobres con las identidades antes de la decisión tomada por los ministros Pablo Zavala Fernández, José Delgado Ahumada y Reynaldo Oliva Lagos.
La información fue confirmada por el fiscal regional Mario Carrera, quien indicó que se trata de funcionarios de la Defensoría Penal Pública “la que debería hacer la devolución en las próximas horas de manera voluntaria”.
Consultado el Poder Judicial, indicaron que no se ha abierto una investigación interna contra el magistrado.
