Con 33 votos a favor y uno en contra, el del senador Juan Ignacio Latorre (RD), fue aprobado el proyecto Aula Segura, pero con un nuevo nombre: Convivencia Escolar. Esto está entre las diferentes modificaciones que sufrió la iniciativa, que un inicio pretendía expulsar a los alumnos que realizaran actos de violencia en contra de los profesores, la que tuvo discusión inmediata tras la decisión del Ejecutivo el lunes.
El martes, la comisión de Educación del Senado aprobó Aula Segura, pero la oposición impuso su mayoría en la instancia y rechazó todas las indicaciones que el Gobierno había ingresado. Además, introdujo sus propios cambios: se modificó del texto original el «deber» por «facultad» de la decisión de los directores y en vez de actos de violencia, los términos utilizados fueron «hechos graves». Así se dejó en manos del reglamento de cada colegio cuáles serán esos actos y las respectivas sanciones.
Lo anterior generó el malestar del Ejecutivo, pero abrió la puerta para iniciar una negociación que se materializó durante la tarde de ayer en la comisión de Hacienda, donde jugaron un papel importante los senadores Jorge Pizarro, Ricardo Lagos Weber y Juan Pablo Letelier. Finalmente los acercamientos se concretaron cerca de las 22:00 horas, siendo votado dos horas después. El texto definitivo El acuerdo final, que recogía el espíritu original del documento del Gobierno más las innovaciones de la ex Nueva Mayoría, consideró la suspensión como medida cautelar mientras dure la investigación, anteriormente era la expulsión inmediata.
Asimismo se incluyó a todos los miembros de la comunidad escolar -no tan solo los alumnos- los que pueden ser sancionados si es que causan «un severo daño a la integridad física o psíquica, agresiones de carácter sexual, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios». Los plazos del proceso pasaron de cinco días hábiles para emitir una sanción, y otros dos para que el alumno presentara sus descargos, a quince, incluido 10 para apelar por la sanción. En el acuerdo de Convivencia Escolar, también se castigará a quienes lastimen a terceros que estén en el establecimiento y los directores de todo tipo de colegios, municipales y particulares, tienen el deber de sancionar ante los hechos de violencia. Ahora, el proyecto continuará su tramitación en la Cámara, pero será sometido a revisión del regreso de la semana distrital en noviembre.
La votación
Su primer nombre fue Aula Segura, luego pasó a Aula Democrática, para culminar en Convivencia Escolar. El cambio de denominación en tres ocasiones refleja lo complejo de la tramitación de la iniciativa del Gobierno para fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia específicos.
Pese a la complejidad inicial, el Ejecutivo logró revertir el rechazo de la oposición en la comisión de Educación presidida por Yasna Provoste (DC), se alcanzó un acuerdo y la iniciativa se aprobó pasadas las 00:20 horas de hoy por 33 votos a favor y 1 en contra, del RD Juan Ignacio Latorre.
Los ánimos se habían crispado antenoche cuando la oposición impuso su mayoría en la comisión de Educación y aprobó una propuesta totalmente distinta a la ingresada por el Gobierno. Se pasó de la obligación a la facultad de expulsar, se suprimió del nuevo articulado esa palabra; además de reemplazarla por la suspensión mientras se desarrolla el proceso sancionatorio por faltas graves o gravísimas que se deberán calificar según el reglamento de cada establecimiento.
Esos aspectos quebraron el diálogo entre el Ejecutivo y la oposición. Para revertirlo fue clave la sesión de la comisión de Hacienda, la que debía revisar el informe financiero del proyecto.
Fue ahí cuando los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), Juan Pablo Letelier (PS) y Jorge Pizarro (DC) hicieron ver el punto de eventual inconstitucionalidad de la indicación impulsada por Provoste, Jaime Quintana (PPD) y Latorre (RD).
El punto ya lo habían transmitido en la mañana de manera formal a Quintana y Provoste: la propuesta aprobada podría ser declarada inconstitucional por el TC, lo que expondría al bloque a un duro revés, donde aparecerían «obstruccionistas» ante la opinión pública, además de dar la opción al Gobierno de reponer su proyecto original y volver a cero.
Esa situación la anticiparon cerca del mediodía de ayer los senadores de Chile Vamos que en bloque ofrecieron un punto de prensa en la Cámara, señalando que la indicación de la oposición va contra el artículo 93 en relación con el 69 de la Constitución al ir contra la idea matriz del mensaje.
INTERLOCUCIÓN EN COMISIÓN DE HACIENDA
Así, aunque se debía revisar solo su informe financiero, la interlocución política se dio en la comisión de Hacienda. Ahí se logró destrabar la tramitación e iniciar un acercamiento entre el oficialismo y la oposición. Esas conversaciones posibilitaron la apertura de un espacio por parte de la oposición, más allá de los integrantes de las comisiones de Educación o Hacienda del Senado.
José Miguel Insulza y Rabindranath Quinteros, ambos del PS, cumplieron un rol de puente. Así, a media tarde ya se habían impreso sobre papel tres indicaciones de la oposición consensuadas con el oficialismo, que redibujaron la propuesta.
Resultado de lo anterior fue la reincorporación del concepto de expulsión o cancelación de matrícula. También se sumó el que «deberán entenderse siempre como infracciones graves contra la convivencia escolar los actos que causen o amenacen seriamente con causar un severo daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento».
Esas acciones se individualizan como «agresiones de carácter sexual, las agresiones físicas que produzcan lesiones, el porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento».
Así, se aprobó un proyecto emblemático para el Gobierno y la ministra de Educación, Marcela Cubillos, con un rol relevante de los senadores Ena von Baer (UDI) y José García (RN), y el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado.
TWITTER DEL PRESIDENTE
Antes de la aprobación, hubo otro hecho que irrumpió en los diálogos. Fue un Twitter del Presidente Sebastián Piñera, en el que emplazó al Senado a «resolver de qué lado está. Del lado de los estudiantes que quieren aprender y crecer en paz o del lado de los delincuentes de overol, que quieren destruir y atemorizar con bombas molotov y violencia. Así de simple. Así de claro», escribió sobre Aula Segura.
Lagos Weber lamentó los dichos del mandatario en la antesala de una negociación por un acuerdo. Otros parlamentarios oficialistas se sumaron al reclamo.
No obstante esa diferencia, se avanzó en una segunda ronda de acercamientos en la comisión de Hacienda durante la tarde-noche de ayer, donde cerca de las 21:30 horas se levantó la sesión, lográndose un acuerdo entre las partes, siendo ratificado después en la Sala del Senado.
Entre otros aspectos se logró dar forma a una propuesta distinta, pero consensuada. Se queda establecido que el director del establecimiento deberá iniciar un procedimiento sancionatorio sobre faltas graves o gravísimas, según el reglamento o lo que señale la ley.
Se repusieron las causales como porte de armas o agresión física, tal como lo quería el Ejecutivo. También la suspensión del alumno mientras se resuelve o no su expulsión. (El Mercurio)
