La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, reconoció que el Estado no dispone de información suficiente para medir el impacto que ha tenido el programa Becas Chile desde su creación, pese a que la iniciativa ha destinado más de $690 mil millones al financiamiento de estudios de posgrado en el extranjero.

La secretaria de Estado abordó la situación luego de que el ministerio detectara a 1.666 beneficiarios que mantienen incumplimientos contractuales, acumulando una deuda cercana a los $92 mil millones por no haber dado cumplimiento a las obligaciones establecidas al momento de recibir el beneficio.

Lincolao sostuvo que el principal problema no se limita al incumplimiento de algunos becarios, sino que responde al diseño original del programa, el cual no contempla mecanismos que permitan evaluar de manera sistemática el retorno efectivo de la inversión realizada por el Estado.

La ministra explicó que, aunque miles de profesionales regresaron al país tras finalizar sus estudios, actualmente no existe un sistema integral de seguimiento que permita conocer su inserción laboral, los aportes realizados al desarrollo científico, tecnológico o productivo, ni el impacto de sus conocimientos en instituciones públicas, universidades o empresas.

Asimismo, afirmó que el programa ha presentado debilidades en sus mecanismos de fiscalización desde sus primeros años de funcionamiento. Según indicó, existen problemas de gestión detectados desde 2008, relacionados tanto con la supervisión del cumplimiento de las obligaciones como con el seguimiento de los beneficiarios una vez finalizados sus estudios.

La autoridad señaló que el cumplimiento de los compromisos también depende de la responsabilidad individual de quienes aceptan las condiciones de la beca, recordando que los beneficiarios suscriben contratos que contemplan el retorno al país o la restitución de los recursos en caso de incumplimiento.

Becas Chile fue creado en 2008 como una política pública destinada a fortalecer la formación de capital humano avanzado mediante el financiamiento de estudios de magíster, doctorado, postdoctorado y especializaciones en universidades extranjeras de alto nivel. El objetivo del programa ha sido aumentar las capacidades científicas, académicas y profesionales del país para contribuir al desarrollo económico, la innovación y la investigación.

Desde su puesta en marcha, más de 11.000 personas han accedido al beneficio, el cual contempla el financiamiento de aranceles, manutención, seguros, pasajes y otros gastos asociados a los estudios en el extranjero. A cambio, los beneficiarios deben cumplir obligaciones establecidas en sus convenios, entre ellas retornar a Chile por un período determinado o reintegrar los recursos cuando corresponda.

La situación también abrió un debate en el Congreso. El presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología y Futuro de la Cámara de Diputadas y Diputados, Daniel Manouchehri, sostuvo que resulta necesario revisar el programa para asegurar que la inversión pública se traduzca en beneficios concretos para el país. A su juicio, el retorno físico de los becarios no basta si el conocimiento adquirido no logra incorporarse a sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

En tanto, el diputado Andrés Celis planteó que, además de perfeccionar el diseño del programa, corresponde fortalecer los mecanismos de recuperación de recursos respecto de quienes incumplieron las condiciones establecidas en los contratos. En ese sentido, sostuvo que la Tesorería General de la República debe ejercer las acciones de cobro que contempla la legislación para resguardar el uso de los recursos públicos.

La ministra Lincolao confirmó que el Ejecutivo trabaja en una reforma integral a Becas Chile, orientada a vincular la formación de capital humano avanzado con las necesidades estratégicas del país. La propuesta buscará fortalecer los sistemas de seguimiento, mejorar la evaluación de resultados y orientar las futuras becas hacia áreas prioritarias para el desarrollo científico, tecnológico, productivo y económico de Chile.

Especialistas en educación superior y políticas de innovación han señalado que uno de los principales desafíos de los programas de formación en el extranjero consiste en generar condiciones para la reinserción laboral de los profesionales altamente calificados, promoviendo vínculos entre universidades, centros de investigación, empresas e instituciones públicas que permitan aprovechar plenamente las competencias adquiridas con financiamiento estatal.