El Gobierno endureció su postura y manifestó un rotundo rechazo al proyecto de ley que busca conceder beneficios carcelarios a condenados, incluidos aquellos por crímenes de lesa humanidad. La ofensiva del Ejecutivo se produjo en medio de la promulgación de la ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, reforzando el compromiso del Estado con los Derechos Humanos.
El vicepresidente Álvaro Elizalde calificó la iniciativa como “nefasta” desde La Moneda. Advirtió que su eventual aprobación representaría un «grave retroceso» en materia de derechos humanos, recordando que Chile mantiene compromisos internacionales que impiden «relativizar delitos de esta naturaleza», cometidos durante la dictadura militar.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reforzó el mensaje gubernamental, alertando sobre el amplio alcance que podría tener la moción. Gajardo señaló que el proyecto no solo beneficiaría a condenados por crímenes de lesa humanidad —actualmente recluidos en recintos como Punta Peuco y Colina—, sino también a personas sentenciadas por otros delitos graves como femicidio, homicidio o violación.
El proyecto, impulsado por senadores de oposición y aprobado en general en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, propone que condenados mayores de 70 años, con enfermedades terminales o discapacidad severa, puedan cumplir el resto de su pena en reclusión domiciliaria total, bajo monitoreo de Gendarmería y con autorizaciones judiciales para salidas médicas.
Una de las impulsoras de la moción, la senadora UDI Luz Ebensperger, integrante de la comisión, cuestionó las declaraciones del ministro Elizalde y salió en defensa del sentido de la propuesta.
Esta discusión legislativa se da en un contexto de alta tensión luego de un fallo clave de la Corte Suprema. El máximo tribunal rechazó el recurso de amparo presentado por Raúl Iturriaga Neumann, exintegrante de la DINA, confirmando que deberá continuar cumpliendo su condena en el penal de Punta Peuco. La resolución judicial intensifica el debate sobre la posibilidad de beneficios a condenados por violaciones a los Derechos Humanos. (NP-Gemini-Bio Bio)
