A fines de junio, el director del Servicio Civil, Rodrigo Egaña, acudió hasta el Congreso, en Valparaíso, para exponer ante la primera subcomisión mixta de presupuesto sobre la ejecución de recursos de su organismo.
En dicha presentación, Egaña dio cuenta de un aumento en el gasto de esa entidad, el que correspondía a los montos extras en que debió incurrir el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para realizar la selección de los 216 facilitadores encargados de llevar adelante el proceso constituyente impulsado por el gobierno.
En ese momento, Egaña explicó ante los parlamentarios que esos gastos adicionales, que alcanzaron los $ 452 millones, no estaban contemplados en el presupuesto original, por lo que serían desembolsados a través de una reasignación presupuestaria autorizada por el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre.
Frente a esta situación, los parlamentarios de esa subcomisión mixta, liderados por el senador Juan Antonio Coloma (UDI), oficiaron al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos para que explicaran esta situación.
Así, dos meses después de la solicitud, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, respondió a los parlamentarios. A través de un oficio, el secretario de Estado explicó que los $ 452 millones fueron financiados de dos formas. De ese total, $ 150 millones fueron obtenidos a través de reasignaciones de la propia Dirección Nacional del Servicio Civil.
Sin embargo, el resto del dinero, es decir, alrededor de $ 302 millones, fueron financiados “con recursos disponibles en la partida del Ministerio de Hacienda, específicamente en el presupuesto del Servicio de Impuestos Internos (SII)”, asegura el oficio.
Además, el ministro agrega en el documento que dichas reasignaciones se realizaron “en el marco de las normas de flexibilidad presupuestaria”.
Este monto, en todo caso, corresponde a un 0,17% del presupuesto del SII para este año. Sin embargo, el senador Coloma calificó como “abusiva” la decisión del gobierno de realizar esta reasignación de fondos con recursos de un organismo del Estado que -recalcó- no tiene relación con el proceso constituyente.
Junto a esto, el parlamentario recordó que durante la discusión presupuestaria realizada el año pasado, hubo un amplio debate respecto de los fondos solicitados por el Ejecutivo para financiar el proceso de cambio constitucional.
En ese momento, el gobierno solicitó un total de $ 1.800 millones, los que fueron divididos en fondos para los ministerios del Interior, Segpres y Segegob.
“En su momento, con votación dividida y luego de un gran debate, se asignaron recursos para el proceso constituyente. Y entendíamos que estaba funcionando. Para sorpresa, a propósito de la ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional de Servicio Civil, identificamos este aumento importante de recursos”, dijo Coloma.
Para el senador, lo más complejo de esta situación es el origen del financiamiento de estos fondos extras. “Cuando se trataba de ver el presupuesto de Impuestos Internos para 2016 nos decían que esto era fundamental, hicieron un emplazamiento a la oposición de que esto era fundamental para mejorar el sistema, para evitar la elusión, un gran cuento que, porque al final los recursos fueron a incrementar el gasto público para un proceso que, desde mi perspectiva, es fallido”, sostuvo. (La Tercera)
