La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, informó la publicación en el Diario Oficial del decreto que reglamenta la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), normativa que establece metas y obligaciones para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas.

La nueva regulación define lineamientos para la recolección y valorización de productos como celulares, computadores, tablets, refrigeradores, lavadoras y microondas, entre otros. Según la secretaria de Estado, la medida representa un nuevo hito ambiental al fijar objetivos concretos para fomentar la reparación, reutilización y reciclaje de este tipo de residuos.

Toledo sostuvo que el decreto entrega señales claras para consolidar el avance de Chile hacia una economía circular, modelo en el que los desechos son considerados recursos susceptibles de ser aprovechados nuevamente.

La normativa establece que las empresas que introduzcan estos productos al mercado deberán financiar y organizar su recolección y valorización una vez concluida su vida útil, a través de sistemas de gestión individuales o colectivos.

Actualmente, Chile genera cerca de 220 mil toneladas anuales de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, además de más de 2.600 toneladas de pilas en desuso. El país encabeza la generación de chatarra electrónica en América Latina, con más de 10 kilos por persona al año, mientras que la tasa de reciclaje alcanza solo un 4,1%.

Las metas definidas por el decreto comenzarán a aplicarse en mayo de 2028 y aumentarán progresivamente hasta llegar a un 45% de recolección y valorización en el décimo año de implementación.

La regulación contempla la instalación gradual de puntos limpios y puntos verdes en 36 comunas del país, desde Arica hasta Punta Arenas. También considera campañas de recolección domiciliaria al menos dos veces al año y la habilitación de puntos de recepción en establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados que vendan estos productos.

La ministra señaló que el objetivo es facilitar el reciclaje para la ciudadanía, evitando la acumulación de aparatos en los hogares y la presencia de residuos electrónicos en calles y microbasurales.

Toledo destacó además que la política impulsará nuevas oportunidades económicas, ambientales y sociales, favoreciendo el desarrollo de emprendedores, recicladores, reparadores y empresas dedicadas a recuperar materiales y promover mercados de segunda mano.

El decreto incorpora metas específicas para equipos de intercambio de temperatura, como refrigeradores y sistemas de aire acondicionado, debido a los gases refrigerantes que contienen, así como para paneles fotovoltaicos.

La fiscalización de la normativa estará a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente. Las infracciones podrán ser sancionadas con multas que van desde 1.000 hasta 10.000 UTA, equivalentes a montos entre $847 millones y $8.470 millones, dependiendo de la gravedad de la falta. (NP-ChatGPT-Emol-MMA)