El Ministerio de Educación ingresará al Senado un proyecto de ley que modifica el calendario de implementación del Sistema de Educación Pública (SEP), con el objetivo de flexibilizar el traspaso de establecimientos desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La iniciativa busca cumplir uno de los compromisos del Presidente José Antonio Kast, quien durante su campaña anunció que revisaría el proceso de desmunicipalización de la educación.

La propuesta no contempla detener el traspaso de escuelas y liceos, sino extender los plazos para completar la implementación del sistema. El Ejecutivo espera que la iniciativa sea tramitada durante este año y pueda convertirse en ley antes de finalizar 2026.

Actualmente, 169 municipios ya han transferido la administración de sus establecimientos a 36 SLEP en funcionamiento. La legislación vigente contempla un total de 70 servicios locales, cuya implementación originalmente debía concluir en 2025. Sin embargo, sucesivas modificaciones legales han postergado el proceso, cuyo plazo máximo hoy llega hasta 2029.

El proyecto plantea otorgar al Presidente de la República la facultad de redefinir, por una única vez, el calendario para la creación de los 12 SLEP que aún no han sido constituidos, permitiendo extender la implementación hasta el año 2040. La programación anual considerará variables como la disponibilidad presupuestaria, la situación financiera de los municipios, las deudas previsionales y el desempeño de cada territorio.

La iniciativa también propone ampliar de dos a cinco años el plazo disponible para concretar el traspaso de establecimientos en aquellos SLEP que ya fueron creados administrativamente, pero que todavía no asumen la administración de los colegios correspondientes.

Otro de los ejes del proyecto apunta a facilitar que determinados municipios puedan mantener la administración de sus establecimientos educacionales. Para ello, se flexibilizan los requisitos pedagógicos actualmente exigidos por la ley, mientras se mantienen las condiciones financieras relacionadas con el cumplimiento de obligaciones previsionales y el nivel de endeudamiento.

Además, el texto incorpora una nueva causal que permitiría a un municipio conservar la calidad de sostenedor cuando sus indicadores académicos, medidos a través del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), y su situación previsional sean superiores a los del SLEP que le correspondería reemplazar. En esos casos, el traspaso podría postergarse mientras se mantengan esas condiciones, con un límite máximo fijado para 2040.

La propuesta no modifica la situación de los municipios que ya completaron el traspaso de sus establecimientos al nuevo sistema, por lo que esos procesos permanecerán vigentes.

El Sistema de Educación Pública fue creado mediante la Ley N.º 21.040, promulgada en 2017, con el propósito de reemplazar gradualmente la administración municipal de los establecimientos educacionales por servicios públicos especializados, dotados de autonomía técnica y administrativa. La reforma buscó fortalecer la calidad de la educación pública, reducir las brechas territoriales y garantizar una gestión más homogénea de los establecimientos escolares.

Desde su implementación, el modelo ha enfrentado diversas dificultades operativas y administrativas. Problemas financieros, retrasos en los traspasos, deficiencias en la gestión de algunos servicios locales y cuestionamientos de alcaldes de distintos sectores políticos han motivado varias modificaciones al calendario original. En respuesta, el Congreso aprobó recientemente cambios destinados a fortalecer la gobernanza de los SLEP, mejorar sus mecanismos de financiamiento y perfeccionar los procesos de transición entre municipios y el Estado.

El debate sobre el futuro de la desmunicipalización continúa dividiendo opiniones. Mientras el Gobierno sostiene que una implementación más gradual permitirá mejorar la gestión y disminuir el impacto fiscal del proceso, especialistas en políticas públicas advierten que nuevas postergaciones podrían retrasar los objetivos originales de la reforma, orientados a consolidar un sistema nacional de educación pública con estándares comunes de calidad y administración. (NP-ChatGPT-Emol-MIneduc)