El Gobierno del Presidente José Antonio Kast prepara modificaciones a la Ley Lafkenche, normativa que regula la creación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo), y dio el primer paso para desarrollar la consulta indígena que deberá realizarse antes del ingreso de la iniciativa al Congreso.

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) abrió una licitación pública destinada a caracterizar los territorios e identificar a las comunidades y organizaciones indígenas que podrían verse afectadas por los cambios legales. Los antecedentes recopilados servirán posteriormente como insumo para organizar el proceso de consulta.

La licitación, denominada “Asesoría para la caracterización territorial del proceso de consulta a los pueblos indígenas para la modificación de normativas que rigen los espacios costeros marinos de pueblos originarios”, considera un presupuesto de $70 millones y contempla el cierre de las ofertas el próximo 5 de octubre.

El objetivo es identificar a los principales actores involucrados y establecer las condiciones técnicas necesarias para desarrollar el diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas antes de avanzar con las modificaciones que prepara el Ejecutivo.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, señaló que el procedimiento busca dar cumplimiento a la legislación nacional y a los compromisos internacionales asumidos por Chile. Según explicó, esta etapa permitirá preparar la consulta bajo criterios de transparencia, buena fe y respeto, antes de abordar una revisión de fondo de la Ley Lafkenche.

Urrutia sostuvo que el Ejecutivo pretende avanzar hacia una normativa que mantenga la protección de los derechos y usos consuetudinarios de los pueblos originarios y que, al mismo tiempo, otorgue mayores certezas para compatibilizarlos con las diferentes actividades desarrolladas en el borde costero.

El levantamiento territorial abarcará las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Las bases también contemplan que los pueblos indígenas puedan solicitar la participación de profesionales y asesores técnicos de su confianza, con el propósito de reducir eventuales asimetrías de información durante el proceso de diálogo con el Estado.

La supervisión técnica estará a cargo de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas de Subpesca, cuya responsable deberá controlar la ejecución de la asesoría y evaluar los informes que resulten del trabajo territorial.

La consulta se enmarca en las obligaciones asumidas por Chile bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece mecanismos de consulta frente a medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. El procedimiento busca alcanzar acuerdos mediante un diálogo de buena fe, aunque no constituye por sí mismo un mecanismo de veto sobre una iniciativa legislativa.

La Ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche, fue publicada en 2008 y creó los Ecmpo como una figura destinada a resguardar el uso consuetudinario del borde costero por parte de comunidades indígenas vinculadas históricamente a esos territorios.

Uno de los principales puntos que ha marcado el debate en torno a su aplicación corresponde a la extensión de algunos procedimientos administrativos para resolver solicitudes de Ecmpo. Representantes de sectores productivos han cuestionado que procesos prolongados puedan generar incertidumbre sobre otras actividades o proyectos que requieren autorizaciones en las mismas áreas costeras.

Desde el sector acuícola también han surgido críticas. El gerente general de Camanchaca, Ricardo García, sostuvo anteriormente que la aplicación de la normativa ha obstaculizado distintas actividades en el borde costero, incluyendo proyectos portuarios, concesiones, salmonicultura y mitilicultura. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el ejecutivo y forman parte del debate sobre los efectos de la legislación.

Las comunidades indígenas, en tanto, son titulares del mecanismo establecido por la ley para solicitar la creación de estos espacios cuando acreditan usos consuetudinarios en determinadas zonas del litoral.

Con la licitación iniciada por Subpesca, el Ejecutivo abre así la etapa preparatoria de un proceso que deberá incluir la consulta indígena antes de que las modificaciones a la Ley Lafkenche avancen hacia su tramitación legislativa. (NP-ChatGPT-La Tercera)