El Gobierno decidió poner término al convenio que financia el Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional, programa vigente desde 2009 y destinado a investigaciones sobre la diversidad y funcionamiento de los medios de comunicación en Chile.
La decisión fue comunicada por la Subsecretaría General de Gobierno (Segegob) a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), mediante un oficio que informó que durante 2026 no se realizará el aporte correspondiente y que se pondrá término al convenio.
El fondo ha financiado estudios relacionados con la propiedad de los medios, contenidos informativos, desinformación, consumo de noticias, cobertura electoral, plataformas digitales y transformaciones experimentadas por el periodismo.
Desde el Ejecutivo justificaron la determinación por el proceso de ajuste fiscal establecido mediante la Circular N°12 del Ministerio de Hacienda y por la necesidad de optimizar el gasto público.
La medida recibió el respaldo del diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, quien sostuvo que los recursos fiscales deben concentrarse en necesidades como seguridad, salud, educación y vivienda, y planteó que investigaciones de esta naturaleza podrían buscar otras fuentes de financiamiento.
La decisión también generó cuestionamientos entre académicos y especialistas en comunicación, quienes advirtieron sobre sus eventuales consecuencias legales y para el estudio del pluralismo informativo.
En una carta publicada en El Mercurio, un grupo de expertos sostuvo que la Ley de Prensa N°19.733 establece que la Ley de Presupuestos debe contemplar anualmente recursos para investigaciones sobre pluralismo en el sistema informativo nacional, adjudicados mediante concursos públicos por ANID.
Los académicos argumentaron que una circular administrativa no tendría capacidad jurídica para dejar sin efecto una obligación establecida mediante una ley permanente. Por ello, plantearon que si el Ejecutivo considera innecesario mantener este gasto, debería promover una modificación o derogación legal mediante los mecanismos institucionales correspondientes.
Los especialistas señalaron además que durante 2025 el fondo contó con menos de $80 millones y destacaron que sus investigaciones han permitido generar información sobre concentración y propiedad de medios, desinformación, consumo informativo, cobertura electoral y cambios digitales en el periodismo.
Ante el término del convenio, plantearon que la Contraloría General de la República podría pronunciarse respecto de la legalidad de suspender estos recursos mediante una decisión administrativa. También defendieron el pluralismo informativo como un elemento relevante para la democracia y para comprender los cambios en el ecosistema de medios.
A las críticas se sumó el presidente de la Asociación Chilena de Investigadoras e Investigadores en Comunicación (INCOM Chile), Laureano Checa, quien sostuvo que la normativa establece una obligación de destinar recursos a esta finalidad y cuestionó que la decisión de la Segegob no contemple un mecanismo alternativo para mantener el financiamiento.
La controversia coincide con otras discusiones sobre el financiamiento estatal de programas académicos y científicos, entre ellas los cambios anunciados para Becas Chile y la priorización de determinadas áreas estratégicas.
En paralelo, el Presidente José Antonio Kast reafirmó esta semana el compromiso de su administración con la libertad de expresión y de prensa. Durante una actividad de la Federación de Medios de Comunicación Social, señaló que el Gobierno buscará garantizar el libre ejercicio del periodismo y aseguró que estará disponible para responder a las preguntas y críticas de los medios. (NP-ChatGPT-Emol)