El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó la solicitud de renuncia enviada por el Ejecutivo a la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, en medio de cuestionamientos por el funcionamiento del organismo.

La decisión se produce tras la difusión de un reportaje que evidenció diversas irregularidades, entre ellas el almacenamiento de cuerpos en condiciones inadecuadas y problemas en los procesos de identificación, situaciones que fueron denunciadas por trabajadores del propio servicio.

Desde el Gobierno señalaron que estas deficiencias afectan tanto a las familias que acuden al SML como al desarrollo de los procesos judiciales, debido a retrasos en la entrega de peritajes.

En ese contexto, el ministro Rabat indicó que ya se encuentra en curso una auditoría interna para evaluar el funcionamiento del organismo, cuyos resultados permitirán definir medidas orientadas a corregir las falencias detectadas.

La salida de la directora se enmarca en el objetivo del Ejecutivo de impulsar mejoras en la gestión del servicio, con el fin de garantizar una atención oportuna y eficiente, tanto para los usuarios como para el sistema de justicia.

GRAVES FALLAS OPERATIVAS

El Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, profundizó las medidas en el Servicio Médico Legal (SML) tras detectar múltiples deficiencias en su funcionamiento, solicitando no solo la renuncia de su directora, sino también la salida de otras autoridades clave del organismo.

La decisión se enmarca en una “revisión especial” iniciada en marzo, luego de recopilar antecedentes que evidenciarían fallas operativas e inconsistencias en la información oficial entregada por el servicio. Entre los hallazgos, se menciona la posible omisión de datos relacionados con cerca de 50 cuerpos en informes presentados al Congreso, además de problemas en el manejo y registro de cadáveres.

En ese contexto, el Ejecutivo solicitó también la renuncia del subdirector médico, Julio Sarmiento Machado, y del director regional metropolitano, Cristián Allendes Pérez, con el objetivo de resguardar el funcionamiento institucional y fortalecer los estándares de gestión y probidad.

Las irregularidades fueron expuestas inicialmente en un reportaje televisivo, que reveló situaciones como el almacenamiento de cuerpos en condiciones inadecuadas y fallas en los procesos de identificación, lo que generó preocupación tanto a nivel sanitario como judicial.

A estos antecedentes se suman informes de la Contraloría General de la República, que detectaron graves deficiencias en sistemas tecnológicos y administrativos del SML. Entre ellas, falta de supervisión en plataformas críticas, registros manuales sin estándares mínimos y demoras prolongadas en procesos clave, como el ingreso de datos al sistema nacional de ADN.

Las auditorías también evidenciaron problemas de trazabilidad en evidencias y la existencia de usuarios activos en sistemas institucionales que no pertenecían al personal vigente, lo que refuerza las dudas sobre el control interno del organismo.

El Ejecutivo busca, a través de estas medidas, corregir las falencias estructurales del servicio, en un contexto donde su rol resulta clave tanto para la administración de justicia como para la atención de familias en situaciones sensibles. (NP-ChatGPT-Emol)