Sobre la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende, que sumó como nuevo antecedente la filtración de un «pinchazo» telefónico al exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, se refirió la ministra de Ciencias y vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, y su par de Segpres, Macarena Lobos.
La conversación difundida y que llevó a La Moneda a volver a dar explicaciones por el caso, corresponde a una que el frenteamplista sostuvo con su madre, Claudia Serrano (PS) el pasado 7 de enero. En ella, el frenteamplista cuenta que Allende «llamó hasta el portero del ministerio» para avanzar en la adquisición del inmueble, y asegura que la entonces parlamentaria tuvo «mucha responsabilidad» en la trama.
El diálogo de Crispi volvió a instalar la fallida compra en La Moneda, donde emplazaron al fiscal Patricio Cooper a explicar la solicitud que hizo de intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric en el marco del Caso Procultura, la que fue negada por tribunales.
En conversación con Súbela Radio, Etcheverry apuntó que «como lo hemos repetido en otras ocasiones, el Gobierno está siempre absolutamente disponible a colaborar con todas las instancias judiciales. El propio Presidente lo ha dicho él en sus propias palabras y lo ha demostrado con hechos».
«Ayer se conocieron trascendidos. Los trascendidos, al igual que las filtraciones, no son buenos para las instituciones ni para los procesos y dada la notoriedad de lo que se conoció ayer, nosotros hicimos una declaración señalando precisamente que aquí podía eventualmente comprometerse seguridad nacional y que era por eso importante aclarar», agregó.
En cuanto a si ha habido una respuesta de la fiscalía, la portavoz del Ejecutivo indicó que «esto es un proceso en curso. Como le decía ayer, nosotros hicimos la declaración que hicimos porque era importante relevar aquel punto, pero hoy día no tenemos nada nuevo que agregar. No, no ha habido novedad».
SEGPRES
En conversación con Radio Infinita, Lobos fue consultada por un mea culpa de Segpres sobre el intento de compra.
«En el caso de la Secretaría General de la Presidencia correspondía a un tema muy acotado, que fue la validación del Decreto Supremo 38, que ver si estaba ajustado a legalidad, tal como lo validó la Contraloría General de la República. Efectivamente ese decreto estaba ajustado en ese rol acotado, que era autorizar la compraventa de un inmueble, más allá de lo que a futuro en los pasos sucesivos de estas ventas, que tienen distintos pasos, pudiera ocurrir con la estructura propietaria, que tenía que velarse», detalló.
Y agregó que «la materialización de la compra-venta, que es donde se materializan las inhabilidades del artículo 37b y 66 de la Constitución respectivamente, si se trata de una ministra de Estado o una parlamentaria, era el momento de suscribir la compraventa, y en el lapso desde que se habilita la compra y que se concreta la compra-venta, podrían haber pasado cambios de estructuras propietarias que no generaran la inhabilidad posterior».
Consultada por los dichos el fiscal Cooper, quien sinceró que le llamaba la atención que se hable de este tema cuando se afecta a ciertas personas y no a otras, como por ejemplo, narcotraficantes, la ministra aseveró que «siempre lo hemos dicho también como Ejecutivo, nadie está por sobre la ley, las instituciones tienen que respetarse y por tanto la fiscalía, en el ejercicio de sus facultades, tendrá que acreditar que efectivamente se dan los presupuestos para que legalmente se pueda proceder a una medida tan grave como esa».
Sobre la pertinencia de la intervención del teléfono del Presidente, la titular de Segpres señaló que «tal como lo dijo la ministra Etcheverry, y efectivamente en el caso del Presidente de la República, la máxima autoridad, hay conversaciones y temas que son de poder involucrar a la seguridad nacional, que son reservados».
«El Código de Procedimiento Penal, establece que en estos casos, cuando se trata de materias que pueden afectar la seguridad nacional y que son secretos o reservados, el estándar es mucho más alto, porque no es solo el juez de garantía el que tiene que dar la autorización, sino la propia Corte Suprema», aseveró.
OPINIÓN DE MINISTRO CORDERO
Aunque persiste la molestia de La Moneda con el Ministerio Público por la solicitud del fiscal del caso ProCultura, Patricio Cooper, de interceptar el celular del Presidente Gabriel Boric, este martes el ánimo en palacio era evitar escalar una pugna que terminaría con un enfrentamiento público entre dos poderes del Estado.
Si bien la inquietud en Palacio no ha cesado y este martes las ministras vocera de Gobierno (S), Aisén Etcheverry (FA), y de la Segpres, Macarena Lobos (independiente), insistieron en la idea de pedir explicaciones al jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, para conocer si es efectivo o no (y por qué) la fallida medida intrusiva que se solicitó contra el Mandatario, durante la misma jornada el ministro de Seguridad y extitular de Interior, Luis Cordero, salió a poner paños fríos.
“El gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley. Las filtraciones implican una sanción a la ley. En el caso de las investigaciones de delitos con secreto reforzado implica responsabilidades mayores. El gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley, no le corresponde estar pidiéndole rendiciones de cuentas a nadie, simplemente cumplir la ley”, expresó el titular de Seguridad.
El tono del titular de Seguridad marca un matiz con el ánimo que había en la Moneda el lunes en la noche cuando Ex Ante publicó que la Fiscalía había intentado una medida intrusiva al celular del Presidente.
En ese momento el comité político abordó el tema y evaluó incluso la posibilidad de solicitarle a Valencia una audiencia formal para conocer su versión sobre las medidas intrusivas de Cooper y así concretar los emplazamientos que han expresado las vocerías del Ejecutivo.
Sin embargo, dicha idea no habría terminado de cuajar y en Palacio este martes hablaban “una comunicación de carácter informal”. En La Moneda afirman que el tema está a cargo del titular del Interior, Álvaro Elizalde, y del ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
Las mismas fuentes coinciden en que el motivo para no concretar, de momento, una audiencia con Valencia pasa por dos puntos. Primero para evitar que la oposición interprete el gesto como una señal de intervención a un ente autónomo del Ejecutivo. Y porque hasta ahora la agenda de los ministro hace imposible una cita inmediata con el fiscal. Argumentan que este martes Elizalde y Gajardo estarán hasta la tarde en Puerto Montt, el miércoles es la cuenta pública del Ministerio Público y el jueves ya es feriado por el Día del Trabajador.
Por ahora se habla de que este miércoles habría posibilidad de concretar una conversación informal entre Valencia y las figuras del Ejecutivo. , pues a la cuenta pública que encabezará el fiscal nacional están invitados el Presidente Boric, Elizalde y Gajardo, además de Luis Cordero (Seguridad), Etcheverry, Lobos y Antonia Orellana (Mujer).
En caso de concretarse un intercambio durante dicha jornada, ambas entidades podrían hablar también de la interceptación telefónica a Miguel Crispi, cuyo celular estuvo pinchado desde noviembre del año pasado, cuando aún era el principal asesor presidencial de Boric. La inquietud inicial de Palacio, antes de enterarse de la medida intrusiva contra el jefe de Estado, nació justamente por la arremetida de la Fiscalía contra Cooper y la posibilidad de que otros dispositivos móviles estuvieran intervenidos.
“Lo que esperamos, y estamos a la espera de aquello, es que el Ministerio Público, el fiscal nacional, Ángel Valencia, pueda confirmar o negar este trascendido de prensa, porque, por ahora, lo que tenemos es simplemente eso: un trascendido», dijo Etcheverry este lunes, antes de abandonar La Moneda, en referencia a la medida contra Boric.
“Tendrá que acreditar que se daban los presupuestos para que legalmente se pueda proceder a una medida tan gravosa como esa”, expresó este martes Macarena Lobos en radio Infinita, sobre el “pinchazo” a Crispi.
Por el lado del oficialismo, en los partidos han optado por escalar al máximo el conflicto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. El jefe de bancada del PS, Juan Santana, expresó este martes que “el frenesí y descontrol del fiscal Cooper intentando intervenir las conversaciones del Presidente Boric es responsabilidad directa de Ángel Valencia. Se le está permitiendo una conducta temeraria e inconstitucional. Si el fiscal nacional no toma medidas, el día lunes exigiremos su remoción”.
OPOSICIÓN SUBE EL TONO
En la oposición cuestionaron que esté sobre la mesa una audiencia entre el Ejecutivo y el Fiscal Nacional, quienes ya han discutido la reacción La Moneda respecto a la interceptación al exjefe de asesores del Presidente Boric.
“Esta medida la solicita la Fiscalía y es un tribunal el que las concede. Nuevamente tenemos a la vocera de gobierno creyendo que los tribunales deben actuar con sentido político, que los tribunales deben hacer la vista gorda respecto de ciertas personas por el hecho de ser autoridades”, señaló el lunes el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez.
Frente a la idea de solicitar una reunión a Valencia, el diputado RN Andrés Longton afirmó que sería “un exceso y que está interfiriendo en la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Cosas que están prohibidas constitucionalmente (…) Otra cosa es la rigurosidad que debe tener el Ministerio Público siempre en las medidas que solicita, para no atentar contra las libertades individuales garantizadas en la Constitución”.
Desde el Partido Republicano, el diputado Cristián Araya apuntó que “a nadie le intervienen el celular por lindo, sino cuando hay fundadas sospechas de que hay un delito y que los involucrados pueden tener responsabilidad en ese hecho. En vez de perseguir al Fiscal Cooper y a la justicia, deberían exigir que el caso Procultura avance con más rapidez y que se conozca toda la verdad (…). La Fiscalía sí debe responder por las filtraciones porque afectan la credibilidad en la institución, pero otra cosa es que el gobierno exija cuentas a la Fiscalía y el actuar de los tribunales. No estamos en Cuba ni en Venezuela”.
El diputado y jefe de campaña del abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, Cristián Labbé asegura que “La Fiscalía está haciendo lo correcto, si ve un delito lo tiene que investigar, así que esta idea de audiencia más bien me parece un tirón de oreja”.
La diputada Camila Flores (RN) agregó que “estoy segura que en La Moneda guardarían un silencio absoluto si las personas investigadas fuesen de oposición. Yo espero que el Ejecutivo, el Gobierno, deje que el Ministerio Público haga su trabajo. Caiga quien caiga e indistintamente quien tengan que investigar. Y si es el Presidente de la República, el jefe de sus asesores o un Ministro de Estado, tienen que hacerlo”.
(Emol)
