Una de las principales medidas anunciadas por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública fue la creación del Registro Único de Vándalos e Incivilidades (RUV), iniciativa que busca sancionar a personas condenadas por determinados delitos y faltas que afecten la seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana.

El Mandatario sostuvo que la estrategia de seguridad no solo debe enfocarse en combatir el crimen organizado, sino también en enfrentar conductas que deterioran los barrios, dañan espacios públicos y generan sensación de inseguridad entre los vecinos. En ese contexto, informó que el Ejecutivo enviará en los próximos días un proyecto de ley para crear este nuevo registro nacional.

La propuesta será impulsada por el Ministerio de Seguridad e Interior y contempla incorporar a personas condenadas por delitos como agresiones a funcionarios policiales y de salud, interrupción del transporte público, tráfico de drogas y daños a monumentos nacionales, entre otros ilícitos. Según explicó el Presidente, quienes figuren en este listado perderán el acceso a determinados beneficios sociales otorgados por el Estado.

Entre las restricciones mencionadas se encuentran beneficios como la gratuidad en la educación superior, la Pensión Garantizada Universal y subsidios habitacionales o de arriendo. La medida busca establecer consecuencias adicionales para quienes incurran en conductas consideradas especialmente perjudiciales para la comunidad.

El mecanismo propuesto se asemeja a otros registros existentes en el país, como el Registro de Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad y el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, los cuales contemplan limitaciones para quienes incumplen determinadas obligaciones legales.

Uno de los aspectos que ha generado mayor atención es que el RUV no solo incluiría a personas condenadas por delitos, sino también a quienes incurran en incivilidades o faltas sancionadas administrativamente. Entre estas conductas se consideran acciones como realizar rayados, dañar mobiliario urbano o consumir alcohol y drogas en espacios públicos.

De acuerdo con lo planteado por autoridades del área de prevención del delito, la regulación de estas infracciones podría quedar radicada principalmente en los juzgados de policía local y en el ámbito municipal, con el objetivo de fortalecer las herramientas de control comunal y responder a problemáticas que afectan la convivencia cotidiana.

La iniciativa recoge experiencias ya implementadas a nivel local. Uno de los antecedentes más relevantes corresponde al plan “Cero Incivilidades” desarrollado por la Municipalidad de Independencia, que contempla sanciones y restricciones a beneficios municipales para personas que incurran en conductas consideradas perturbadoras para la comunidad.

Aunque la propuesta no formó parte formal del programa presidencial, sí fue planteada por Kast durante la campaña electoral. El Gobierno espera ahora avanzar con su tramitación legislativa, abriendo un debate sobre el equilibrio entre seguridad, sanciones administrativas y acceso a beneficios sociales. (NP-ChatGPT-LaTercera)