Una seguidilla de incidentes de seguridad ha encendido las alertas en el sistema educativo, luego de registrarse amenazas de tiroteos, bombas y ataques masivos en distintos establecimientos del país. La situación ha generado preocupación entre estudiantes, apoderados y comunidades escolares, provocando incluso la suspensión de clases en algunos recintos.
El escenario se agravó tras un hecho ocurrido el 27 de marzo en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde un estudiante asesinó a una inspectora y, según antecedentes de la Fiscalía, tenía la intención de atacar a otros alumnos. Este caso marcó un punto de inflexión y desencadenó nuevas amenazas en otros colegios a nivel nacional.
Frente a este contexto, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó el proyecto “Escuelas Protegidas”, actualmente en discusión en el Senado, que busca endurecer las sanciones por delitos en contextos escolares y ampliar las facultades de los establecimientos para reforzar controles de seguridad, incluyendo la revisión de pertenencias.
En paralelo, el Ministerio de Educación, encabezado por María Paz Arzola, junto al Ministerio de Seguridad liderado por Trinidad Steinert, avanzó en un convenio con Carabineros de Chile para capacitar a funcionarios escolares en materias de seguridad y convivencia.
El acuerdo contempla la formación de inspectores y encargados de convivencia escolar, además de una colaboración más amplia entre la policía y los establecimientos educacionales. Asimismo, se reforzarán las rondas policiales en los entornos de colegios considerados de mayor riesgo, en una estrategia orientada a prevenir nuevos episodios de violencia. (NP-ChatGPT-La Tercera)