El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados una amplia reforma al mercado de capitales que busca facilitar el acceso a la vivienda, aumentar las alternativas de financiamiento para las empresas, modernizar la regulación financiera y generar mejores condiciones para atraer inversiones hacia Chile.
Uno de los principales componentes de la iniciativa es la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), instrumento que será administrado por BancoEstado y contará con aportes estatales de hasta US$2.000 millones. El objetivo es utilizar esos recursos para movilizar capital privado y ampliar el financiamiento hipotecario.
Según las estimaciones del Ejecutivo, el fondo podría alcanzar hasta US$20 mil millones mediante mecanismos de apalancamiento y participación privada. La meta planteada es contribuir al financiamiento de aproximadamente 150 mil viviendas nuevas o usadas durante un período de cuatro años.
Fonavi podrá adquirir créditos hipotecarios correspondientes a propiedades de hasta 6.000 UF. Con ello, el Gobierno pretende aumentar los recursos disponibles para préstamos destinados a vivienda en un escenario marcado por mayores precios inmobiliarios, tasas de interés y exigencias de ahorro previo.
La reforma contempla además la creación del Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), mecanismo dirigido a quienes buscan adquirir su primera propiedad. Las personas que acumulen un ahorro equivalente al 7% del valor de la vivienda podrán acceder a un aporte estatal adicional equivalente al 3%, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
Entre esas condiciones se contempla mantener el ahorro durante al menos 30 meses. El programa está diseñado inicialmente para funcionar durante cinco años, a diferencia de Fonavi, que tendría una duración indefinida.
El proyecto, sin embargo, abarca materias que van más allá del financiamiento habitacional. También modifica normas relacionadas con sociedades anónimas, gobiernos corporativos, financiamiento empresarial y funcionamiento del mercado de capitales.
Entre las propuestas se encuentran la reducción de determinados quórums exigidos a las sociedades anónimas, la posibilidad de establecer acciones con voto múltiple y modificaciones a mecanismos relacionados con la salida de accionistas.
Estos puntos han generado observaciones entre especialistas e inversionistas por sus eventuales efectos sobre los accionistas minoritarios. Parte de las dudas se concentra en si la combinación de menores quórums y mayor poder de voto para determinadas acciones podría disminuir algunas de las protecciones existentes.
La iniciativa incorpora asimismo la denominada “regla del juicio de negocios”, destinada a precisar las circunstancias bajo las cuales se considera que los directores de empresas han cumplido adecuadamente con su deber de cuidado al adoptar decisiones corporativas.
Otro punto en discusión es la propuesta de considerar que una empresa posee presencia bursátil cuando tenga un porcentaje mínimo de acciones de libre circulación —o free float— del 15%. La medida ha generado interrogantes por sus eventuales consecuencias tributarias y por sus efectos sobre la formación de precios de acciones con bajos niveles de transacción.
El ministro de Hacienda ha planteado que uno de los problemas que busca abordar la reforma es la pérdida de profundidad del mercado de capitales chileno durante los últimos años, fenómeno que el Ejecutivo relaciona, entre otros factores, con los retiros de fondos previsionales y la salida de capitales.
La apuesta gubernamental consiste en recuperar fuentes de financiamiento que puedan canalizarse hacia viviendas, empresas e inversiones. En el caso de Fonavi, esto implica una participación relevante del Estado como mecanismo inicial para atraer posteriormente mayores recursos privados.
La propuesta habitacional ha encontrado una disposición favorable entre algunos parlamentarios de oposición, aunque persisten reparos respecto de determinados cambios al funcionamiento del mercado financiero y las sociedades anónimas.
Economistas como Alejandro Micco y Mario Marcel han valorado componentes de la iniciativa y planteado al mismo tiempo cautelas. Entre ellas figura que una mayor disponibilidad de crédito hipotecario no necesariamente resolverá por sí sola las dificultades de acceso a la vivienda si los precios de las propiedades continúan aumentando por encima de los ingresos de los hogares.
El informe financiero del proyecto estima un costo fiscal cercano a US$281 millones entre 2027 y 2031, considerando además los efectos esperados de la reforma sobre el crecimiento. Para el período comprendido entre 2032 y 2041, las proyecciones del Ejecutivo contemplan ingresos fiscales adicionales.
El proyecto comenzó su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El Gobierno espera que pueda ser despachado antes de finalizar el año, aunque el debate legislativo deberá abordar tanto los detalles operativos del Fonavi como las controversias relacionadas con gobierno corporativo y protección de accionistas minoritarios.
La discusión tendrá como uno de sus principales desafíos encontrar un equilibrio entre facilitar el acceso al financiamiento, atraer capital y flexibilizar determinadas reglas empresariales, manteniendo al mismo tiempo mecanismos adecuados de protección para inversionistas y accionistas minoritarios. (NP-ChatGPT-La Tercera)
