El Gobierno anunció que presentará indicaciones al proyecto que moderniza la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con el objetivo de endurecer las sanciones para menores involucrados en delitos de alta gravedad y fortalecer las herramientas para combatir el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado.
La decisión fue acelerada tras la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo y luego de que alcaldes de Chile Vamos solicitaran al Ejecutivo agilizar la tramitación de la iniciativa. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que las modificaciones serán ingresadas al Congreso, mientras que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, detalló el contenido de las propuestas.
Entre los principales cambios, el Ejecutivo plantea que adolescentes de entre 14 y 18 años puedan ser juzgados bajo las reglas de la justicia penal para adultos cuando enfrenten cargos por un catálogo de 17 delitos considerados de mayor gravedad. Esta medida deberá ser solicitada por el Ministerio Público y autorizada por un juez.
La propuesta también elimina el beneficio de la irreprochable conducta previa para quienes, tras haber cometido alguno de esos delitos siendo menores de edad, reincidan una vez alcanzada la mayoría de edad. Según explicó Arrau, esos antecedentes ya no serán eliminados en esos casos.
Asimismo, el Gobierno propone que los condenados por estos delitos que cumplan 18 años durante la ejecución de la pena puedan ser trasladados a recintos penitenciarios administrados por Gendarmería, siempre que exista un informe favorable del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Otra de las modificaciones contempla aumentar las penas para adolescentes de 14 y 15 años que sean condenados por los delitos incluidos en el nuevo catálogo, eliminando el actual límite máximo de cinco años de privación de libertad y equiparando el régimen sancionatorio al que hoy se aplica a jóvenes de 16 y 17 años.
El Ejecutivo también anunció que otorgará urgencia a un proyecto destinado a tipificar y sancionar con mayor severidad el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales, estableciendo un nuevo delito que aumentará las penas para los adultos que utilicen adolescentes en la comisión de ilícitos.
Finalmente, el ministro Martín Arrau señaló que estas reformas legislativas serán complementadas con una estrategia coordinada junto al Ministerio Público para fortalecer la persecución penal de delitos violentos cometidos con participación de menores de edad.