El Gobierno ingresó a la Contraloría una propuesta para modificar el reglamento de ingreso y ascenso de Carabineros, con el objetivo de ampliar el universo de postulantes y facilitar la reincorporación de personal previamente formado. La iniciativa forma parte de la estrategia del Ministerio de Seguridad para aumentar la dotación de la policía uniformada.

La cartera encabezada por Martín Arrau ha impulsado durante las últimas semanas una serie de medidas destinadas a fortalecer el reclutamiento y la permanencia de funcionarios en la institución. Entre ellas, se encuentran mejoras en las condiciones laborales y remuneraciones, orientadas a incentivar tanto el ingreso de nuevos aspirantes como la retención del personal en servicio.

El decreto, presentado el 17 de julio ante la Contraloría, propone modificar un reglamento vigente desde 1959 que establece los requisitos para postular a Carabineros. Según el Ministerio de Seguridad, los cambios responden a las actuales necesidades de gestión de personal y buscan modernizar la normativa sin alterar los estándares de idoneidad, probidad y disciplina exigidos para la función policial.

Entre las principales modificaciones figura la reducción de la edad mínima para postular, que pasará de 18 a 17 años cumplidos, manteniéndose el límite máximo de 30 años. Asimismo, el texto elimina como requisito general el estado civil de los postulantes, permitiendo el ingreso sin esa exigencia en los casos contemplados por la normativa.

La propuesta también flexibiliza las reglas para quienes deseen volver a postular a los procesos de formación, autorizando hasta dos nuevos intentos. En paralelo, amplía de manera significativa la edad máxima para la reincorporación de exfuncionarios, elevando el límite hasta los 40 años.

En materia disciplinaria, el decreto incorpora nuevas disposiciones para regular la permanencia de los alumnos durante su formación. Entre ellas, establece que quienes incurran en faltas graves que afecten la moral institucional, el prestigio de Carabineros o el sistema jerárquico podrán ser separados del proceso formativo, quedando la decisión sujeta al respectivo procedimiento disciplinario.

Además, la iniciativa reemplaza la exigencia de presentar certificados emitidos por personas consideradas honorables para acreditar la buena conducta del postulante. En su lugar, establece que los aspirantes deberán demostrar una conducta y honorabilidad personal y familiar intachables.

El proyecto fue revisado por la División Jurídica de la Contraloría el pasado 23 de julio. Tras esa evaluación, el Ministerio de Seguridad retiró temporalmente el decreto para realizar ajustes de carácter jurídico antes de continuar con su tramitación. (NP-ChatGPT-La Tercera)