El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, anunció que el Gobierno impulsará la creación de una agencia destinada a administrar y liquidar los bienes incautados en investigaciones penales, con el objetivo de fortalecer la persecución del crimen organizado y destinar los recursos obtenidos al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y a la reparación de las víctimas.
En entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado señaló que la iniciativa forma parte de la agenda de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast, la que comenzará a ser tramitada con carácter prioritario durante agosto. En ese marco, también destacó proyectos orientados a reforzar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, sancionar a las organizaciones criminales que utilizan menores de edad para cometer delitos, castigar a los adultos que los instrumentalizan y establecer un régimen de responsabilidad parental.
Respecto de la nueva agencia, Rabat explicó que el organismo administrará los bienes sujetos a medidas cautelares desde el inicio de los procesos judiciales, permitiendo la venta anticipada de aquellos que sean de rápida depreciación o fácil destrucción. Una vez decretado el comiso por sentencia judicial, la entidad podrá enajenar los bienes de manera expedita, reduciendo los actuales procedimientos administrativos.
La futura institución será un organismo autónomo integrado por representantes de los ministerios de Justicia y de Seguridad Pública, con directivos seleccionados mediante el sistema de Alta Dirección Pública. Además, podrá suscribir convenios con municipalidades para gestionar y vender vehículos abandonados que permanecen en corrales municipales o bajo custodia de Carabineros.
El ministro precisó que los recursos obtenidos por la venta de los bienes decomisados no podrán destinarse al incremento de remuneraciones. En cambio, serán utilizados para financiar equipamiento, tecnología y herramientas para las policías y Gendarmería, además de crear un fondo destinado a la reparación de las víctimas de delitos.
El Ejecutivo espera que la iniciativa avance con rapidez en el Congreso y confía en reunir un amplio respaldo político para su aprobación, al considerar que se trata de una medida orientada a fortalecer el combate contra la delincuencia y el crimen organizado.