El Gobierno manifestó su preocupación por el avance de iniciativas que buscan modificar el sistema de peajes en concesiones, en medio de un escenario marcado por presiones políticas para eliminar el TAG. Frente a este contexto, el Ejecutivo analiza distintas fórmulas para mitigar el impacto en los usuarios, entre ellas la posibilidad de reducir o congelar las tarifas mediante acuerdos con las empresas concesionarias.
Las alternativas en evaluación incluyen compensaciones fiscales o la extensión de los plazos de las concesiones. Sin embargo, ambas opciones generan tensiones: la primera, por su efecto en el gasto público en un contexto de déficit fiscal reconocido por la autoridad; y la segunda, por el riesgo de postergar nuevas licitaciones y mantener estándares de servicio rezagados, especialmente en autopistas urbanas.
En el Congreso, las reacciones han sido diversas. El diputado Ignacio Achurra advirtió que cualquier rebaja en las tarifas implica costos que, directa o indirectamente, terminarán siendo asumidos por los automovilistas, y llamó a considerar ese factor en el debate.
Por su parte, el diputado Fabián Ossandón valoró las gestiones del Ejecutivo, pero cuestionó que las medidas puedan concentrarse solo en la Región Metropolitana, planteando la necesidad de incluir a las regiones. Una postura similar expresó la diputada Marlene Pérez, quien pidió que las negociaciones se traduzcan en medidas concretas y no solo en anuncios.
Desde el Senado, Alejandro Kusanovic enfatizó la importancia de resguardar la certeza jurídica para no afectar la inversión, mientras que Loreto Carvajal advirtió sobre la presión acumulada en el costo de vida de las familias, considerando el alza de combustibles, transporte y peajes.
El debate se mantiene abierto mientras el Ejecutivo busca equilibrar las demandas ciudadanas con la sostenibilidad fiscal y el marco regulatorio de las concesiones. (NP-ChatGPT-Emol)