El Gobierno de España anunció este martes un conjunto de medidas para enfrentar la crisis de acceso a la vivienda, entre ellas la paralización de los desalojos hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler.

Las iniciativas fueron adelantadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, después de las negociaciones entre los partidos que integran la coalición encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las medidas deberán ser incorporadas en dos textos que posteriormente tendrán que someterse a votación en el Parlamento.

Su aprobación, por tanto, no está asegurada, debido a que el Ejecutivo no cuenta por sí solo con mayoría parlamentaria y necesitará reunir los apoyos suficientes para sacar adelante las propuestas.

El paquete contempla además impedir la compra de viviendas por parte de los denominados “fondos buitre”, según informó García. También se prevé avanzar en la regulación de los alquileres de temporada y del arriendo de habitaciones.

Los grandes fondos de inversión y las plataformas dedicadas al alquiler turístico de corta duración se han convertido en uno de los principales focos de las protestas impulsadas por organizaciones que reclaman un mayor acceso a la vivienda. Los manifestantes sostienen que estas actividades contribuyen al aumento de los precios y disminuyen la disponibilidad de inmuebles destinados al alquiler residencial.

Las nuevas disposiciones han sido conocidas como el “decreto Maricarmen”, en referencia al caso de una mujer de 87 años que fue desalojada la semana pasada de una vivienda de Madrid en la que había residido durante siete décadas. El inmueble había sido adquirido por una empresa inversora.

El caso generó una fuerte reacción pública y volvió a situar la crisis habitacional española en el centro del debate político y social, a menos de un año de las elecciones legislativas previstas para 2027.

Las movilizaciones continuaron durante los días posteriores al desalojo. Desde el sábado, cientos de manifestantes y activistas han ocupado la Puerta del Sol, uno de los puntos más concurridos del centro de Madrid, para exigir mayores garantías para los arrendatarios y nuevas medidas destinadas a contener el costo de la vivienda.

Entre las organizaciones que han encabezado las demandas se encuentra el Sindicato de Inquilinos, que plantea reemplazar el actual sistema de contratos de alquiler de duración determinada por contratos indefinidos, como una forma de aumentar la estabilidad de quienes arriendan una vivienda.

El anuncio del Ejecutivo busca responder a parte de esas demandas mediante una mayor protección frente a los desalojos y cambios en las condiciones de los contratos. Sin embargo, el alcance definitivo de las medidas dependerá de los textos que presente el Gobierno y de su posterior tramitación y aprobación parlamentaria. (NP-ChatGPT-Emol-Agencias)