El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el inicio de una campaña destinada a reducir la influencia de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo al que acusó de representar una amenaza para la soberanía estadounidense al atribuirse competencias para investigar y juzgar a militares y funcionarios del país.

A través de un video difundido en redes sociales, Rubio sostuvo que la CPI pretende procesar a integrantes de las Fuerzas Armadas y autoridades estadounidenses por actuaciones vinculadas a la defensa de los intereses nacionales. En ese contexto, afirmó que el tribunal desarrolla una ofensiva contra Estados Unidos mediante instrumentos del derecho internacional y no a través de acciones militares.

El jefe de la diplomacia estadounidense también acusó a la Corte de contar con el respaldo de organizaciones no gubernamentales, gobiernos extranjeros y sectores que, según indicó, mantienen una postura contraria a los intereses de Estados Unidos.

Rubio advirtió que aceptar la jurisdicción de la CPI pondría en riesgo la independencia del país, al permitir que decisiones relacionadas con operaciones militares, seguridad fronteriza y persecución del terrorismo quedaran sujetas al escrutinio de un organismo internacional.

Como parte de la nueva estrategia, el Departamento de Estado impulsará restricciones de ingreso a Estados Unidos para funcionarios de la Corte Penal Internacional, además de ampliar las sanciones dirigidas contra integrantes del tribunal y organizaciones vinculadas a su funcionamiento.

La administración del presidente Donald Trump también anunció que solicitará a los países aliados rechazar la jurisdicción de la CPI sobre militares y funcionarios estadounidenses, especialmente a aquellas naciones que mantienen cooperación en materia de defensa o reciben apoyo de seguridad por parte de Washington.

Asimismo, el Gobierno estadounidense prevé sostener reuniones con embajadores y representantes diplomáticos de distintos países para exponer sus cuestionamientos al funcionamiento de la Corte e instarlos a abandonar el organismo.

La campaña contempla además un mayor seguimiento de los países que continúen respaldando la autoridad de la CPI mientras mantienen relaciones de cooperación o reciben asistencia de Estados Unidos, reforzando así la postura de la administración Trump frente al tribunal internacional. (NP-ChatGPT-Bio Bio-Agencias)