La primera gran incursión de capitales chinos en el sistema de concesiones viales de Chile enfrenta un escenario crítico. La administración saliente de Gabriel Boric dejará en manos del equipo de José Antonio Kast una compleja pugna legal y financiera con el consorcio China Railway Construction Corporation (CRCC), actual concesionario del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5. El conflicto escaló luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) activara el cobro de boletas de garantía por un total de US$ 78,5 millones, alegando incumplimientos en los plazos y estándares de la inversión comprometida, que asciende a los US$ 800 millones.

El proyecto, considerado estratégico para la conectividad del sur del país, contempla la construcción de terceras pistas, nuevos puentes y un bypass en la ciudad de Talca. Sin embargo, las discrepancias técnicas y administrativas han paralizado el avance fluido de las obras. Actualmente, la disputa se encuentra en una etapa de suspensión temporal mientras ambas partes intentan alcanzar un acuerdo ante una comisión arbitral, instancia que deberá resolver si los retrasos son imputables a la gestión de la empresa asiática o a demoras en las expropiaciones y aprobaciones por parte del Estado chileno.

El desenlace de esta controversia será una de las primeras pruebas de fuego para el futuro ministro de Obras Públicas de Kast, dado el impacto que tiene en la relación comercial con China y en la confianza de los inversores extranjeros en el modelo de concesiones:

  • Monto en disputa: US$ 78,5 millones en boletas de garantía ya ejecutadas por el MOP.
  • Inversión total: El contrato estipula obras por cerca de US$ 800 millones para modernizar el tramo de 195 kilómetros.
  • Estado actual: Suspensión de la discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones para buscar una salida negociada.
  • Riesgo estratégico: Un fracaso en la mediación podría derivar en una demanda internacional o en la paralización prolongada de una de las rutas con mayor flujo de carga del país.

La resolución de este “nudo” marcará el tono de la política de infraestructura de la nueva administración, que deberá decidir si mantiene la línea de dureza fiscal del MOP actual o si flexibiliza las condiciones para asegurar la continuidad de los trabajos en la zona centro-sur. (NP-Gemini-El Mercurio)